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La vida urbana del siglo XXI, más que vida, como dice el criminólogo Carlos Alberto Elbert, será una pesadilla insufrible, repleta de mayores zonas marginales, personas sin documentación ni trabajo estable, pagando salteado sus alquileres y servicios. Esto hace más fácil que nunca criminalizar a los excluidos, tanto en el plano individual como familiar o colectivo. Dada la evidente procedencia social de los protagonistas sociales, la selección de sospechosos y diferentes resulta extremadamente obvia y los grupos considerados peligrosos pueden ser seleccionados con sólo observar las multitudes por las calles.
Desdichadamente este hecho se da, precisamente en el momento en que América Latina, sufre la transnacionalización de sus Estados. Mediante este proceso, el Estado transfiere importantes cuotas de poder a los centros transnacionales alrededor de los cuales se organiza la globalización, adquiriendo niveles de inmunidad ante las sociedades de estos Estados, como apunta el politólogo Andrés Pérez Baltodano. Esto deteriora los poderes nacionales, o bien, anula todo intento de construcción de un Estado originado del consenso contractual de la sociedad. La pérdida del poder de los Estados reduce a los actores nacionales a la impotencia frente a los problemas reales que se plantean en sus comunidades, aceptando pasivamente lo que los Estados industrializados imponen. En el caso de la justicia, desde los propios centros académico de estos países industrializados se determina los parámetros del modelo de justicia de nuestros países, con la finalidad de buscar una “justicia más rápida”, aunque “con menos garantías”.
Por esa vía el modelo de policía que se exporta, es la propia del siglo XIX y a veces del siglo XVIII. Este modelo de policía, con grandes facultades, conspira contra la persona y la democracia, siempre con la finalidad de “mantener todo en orden”, como en los Estados autoritarios; Nicaragua, no es la excepción. En el Código Procesal Penal que entrará en vigencia en diciembre próximo, se crea, lejos de la ponderada y respetuosa policía de los derechos humanos que tenemos, una “súper-policía”. La Policía será la dueña y señora de nuestros derechos, libertades y garantías. Podrá emitir orden de detención, “requisas personales”, realizar “inspecciones e investigación corporal”, “registrar vehículos” sin consentimiento de la persona, siempre que haya “sospecha grave y urgencia” y, por supuesto, “sin orden judicial”. Hay más, basta con estos ejemplos.
El legislador (bueno, los proyectistas internacionales), apostó a una policía diseñada para cuidar la libre circulación de bienes y capitales, una policía comprometida para luchar contra problemas ajenos a los nuestros, propios de los países industrializados. Una policía como un “fin” en sí misma. En un proceso, como el que vive Nicaragua, y el resto de la región, que se sintetiza como “menos Estado y más iniciativa privada”, esto es “grave”, si reparamos que la privatización de la seguridad ciudadana es una realidad, “policías privados” o “parapolicías”, fuera del control total de los jueces y tribunales.
Esto nos da la sensación, como dice Zaffaroni, de que todo está al revés y de alguna manera parece que así es, conforme a nuestras pautas todo parece estar al revés, es decir, como dijo Galeano, “si Alicia volviera hoy no tendría necesidad de mirar al espejo sino que le bastaría con asomarse a la ventana”.
El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología.
