Serrano analiza sentencia de la juez

Para el analista político Alejandro Serrano Caldera, el fallo de la juez Juana Méndez sobre el caso de “La Huaca” es positivo y se apega en general a derecho.

“Ésta tiene tres ejes básicos: uno, el tipificar el lavado de dinero, que había sido objeto de una gran discusión en el país y que es la base fundamental de la argumentación del gobierno y de la Procuraduría. Si se les ha caído el lavado de dinero, el gobierno habría estado en una situación verdaderamente crítica. Se hubiera derrumbado la base y el fundamento de toda su argumentación jurídica y de toda su estrategia política. Era una situación de vida o muerte para el gobierno”, dice Serrano.

Considera que en cuanto a Alemán y al Partido Liberal, están, sin duda, golpeados por la sentencia.

“Si hablamos de perdedores y ganadores, el golpe más duro lo recibe el PLC y por supuesto Alemán, pero el golpe podría haber sido peor, porque el delito de lavado de dinero, que es el delito más grave, no viene imputado a ningún miembro de la familia Alemán, sobre todo a los familiares que viven en Estados Unidos, donde se les habría planteado un problema de grandes proporciones”, señala el analista.

En su opinión, el presidente de la República, Enrique Bolaños, es un ganador a medias en tanto queda abierto el tema de los delitos electorales.

“No tanto lo de los estipendios, porque se habla de devolver lo recibido y porque fue un pago indebido, pero eso es una figura administrativa del derecho civil y no del derecho penal, además no está mencionado, quiénes deben devolver”, indica.

“Sin embargo, el Frente Sandinista, yo creo, es el gran ganador en esta sentencia, si tenemos que hablar en esos términos. No quiero decir con eso que la sentencia haya sido hecha para beneficiar al Frente Sandinista, simplemente sin juzgar intenciones trato de ver efectos y repercusiones políticas”, explica Serrano en una entrevista con LA PRENSA.

¿Qué tanto futuro tienen los delitos electorales mencionados en el fallo, teniendo en cuenta que el Consejo Supremo Electoral no está en sus mejores condiciones para evaluarlos?

El Consejo no está en las mejores condiciones de analizarlos, pero lo que al Consejo le concierne no es la calificación del delito, eso le toca al Poder Judicial. El Consejo lo que tendría que tomar son las medidas referentes a los procesos electorales y a los cargos derivados de un proceso electoral, pero eso tiene que ser si existe una sentencia definitiva, cosa que no hay. Ahora lo que existe es una sentencia interlocutoria, y aunque no se pueden desprender conclusiones, porque sería adelantarnos a los acontecimientos, sí está claro que quedan suficientes elementos en manos del Poder Judicial para seguir causa a aquéllos que han sido acusados por delitos electorales.

¿Cuánto tiempo pasará hasta darse una sentencia definitiva y podría está ser otra carta a favor del Frente Sandinista?

Es difícil medirlo ahorita, porque seguro ahora vienen las apelaciones, los recursos. Pero efectivamente el Frente Sandinista tiene ya esa carta, si se quiere pensar en esos términos políticos. Puede estar inmóvil si está inmóvil todo, o puede activarse; es como una falla sísmica que puede pasar tranquila mucho tiempo y en un momento dado, dependiendo de ciertos factores y condiciones, puede activarse. Aunque éstas son especulaciones, definitivamente el que queda mejor parado es el Frente, porque no tiene a nadie acusado, porque no está metido en el pleito entre estas dos personas (Alemán y Bolaños), y estas dos personas son potenciales rivales políticos, lo cual le favorece desde el punto de vista de táctica y estrategia política.

¿Cabe la posibilidad de que el Consejo Supremo Electoral le retire al PLC su personalidad jurídica como resultado de este proceso?

Todo eso está dentro del marco de las posibilidades. Después de esta sentencia cualquier posibilidad está abierta, tanto con el PLC como con el Gobierno. ¿Qué es lo que puede mantener una relativa inestabilidad? Ese criterio distributivo de la sentencia, que analizándola más a fondo pareciera que introduce un mecanismo de equilibrios, que están planteados en la propia resolución judicial.

¿Sería el paso más correcto que la juez pidiera ahora el desafuero del presidente y el vicepresidente para poder ser citados como implicados?

No lo hace.

¿Por qué no?

No creo, porque ya lo hubiera hecho en la sentencia. No lo va a hacer espontáneamente. Si en el desarrollo del juicio de los que están acusados por delitos electorales y que no gozan de inmunidad resultan méritos como para dar el otro paso, ahí lo va a dar. Pero se va a desprender no de lo actuado hasta hoy, sino de las actuaciones que vengan a lo largo del proceso.

¿Sería descabellado, entonces, hablar de una crisis institucional o de un golpe de Estado, como decía hoy (ayer) el presidente de la Asamblea Nacional?

Yo sí creo que hay un colapso institucional, pero es anterior a la sentencia, y por otras causas que no son atribuibles a la sentencia. Claro que hay una crisis institucional, producida por el pacto de 1999, que produce sus efectos ahora, concretamente tenemos una Junta Directiva que desacata las resoluciones judiciales, que engaveta un procedimiento que es automático, es decir, cuando se pide el desafuero se nombra una comisión especial y esa comisión delibera, para poder emitir su dictamen. La Junta Directiva no tiene capacidad deliberativa. Para mí la crisis viene de antes, no de la sentencia. La sentencia está intentando resolver un poco la crisis.

Luego del fallo de la juez solicitando una vez más iniciar el proceso de desafuero de Arnoldo Alemán, ¿le queda algún argumento posible a la Junta Directiva de la Asamblea para no iniciar ese proceso, y cuál sería la salida?

Ya se debería haber iniciado el proceso. La Junta Directiva no puede seguir impidiendo una sentencia judicial. Habría que plantearse: ¿quién estaría violando las leyes, el que se autoconvoca o la Junta Directiva que se pone al margen de la ley? Porque el estatuto diga que la directiva es la que administra las sesiones, ¿debe permitirse que se viole la Constitución? ¿Qué tiene más jerarquía, un estatuto o la Constitución? ¿No es un golpe de Estado cuando una Junta Directiva de la Asamblea no cumple un mandato judicial?