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En la lucha del actual Gobierno contra la corrupción es importante señalar que los principales funcionarios de la administración anterior que fueron señalados como corruptos, buscaron a toda costa una diputación, misma que les facilita el privilegio de obtener inmunidad para evadir los Procesos judiciales.
La inmunidad es una prerrogativa que la ley otorga a los funcionarios públicos para que éstos no sean perturbados en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. Pero, ¿cómo es posible que muchos funcionarios que han sido cuestionados por mala administración de los fondos públicos, y además de haberse enriquecido ilícitamente desde sus cargos, actualmente se encuentren dictando y aprobando leyes las que ellos mismos han violentado?. En este caso la Ley de Inmunidad, más bien está coadyuvando a la impunidad de delitos que han sido cometidos por funcionarios públicos.
La Ley de Inmunidad debe ser reformada para que ésta no se use en una figura jurídica que otorga impunidad a los funcionarios cuando afrontan un proceso penal o civil en los Tribunales de Justicia.
Si Byron Jerez, cuando fue acusado de actos de corrupción con las notas de crédito hubiese estado privilegiado con una diputación, a estas alturas se estuviera riendo de tales acusaciones, y no en la cárcel donde está actualmente.
Don Enrique debería introducir una iniciativa de ley para reformar la Ley de Inmunidad, a fin de que los funcionarios públicos acusados por delitos respondan ante la justicia y no continúen ocupando la inmunidad para quedar en la impunidad.
Todo funcionario que realmente se dice honorable tiene que responder ante la justicia, cuando es señalado de actos que riñen contra la ley, de lo contrario no están limpios.
El argumento de los funcionarios públicos señalados de corrupción para no someterse a la justicia, es que hay un sistema de justicia viciado y politizado. Tienen razón, pero esa no es culpa de la sociedad civil que demanda un alto a la corrupción que ha mantenido pobre el país. Si no existe un sistema jurídico confiable, los únicos culpables han sido los funcionarios que han dirigido el destino de la nación haciendo pactos y reformas para beneficio de cúpulas, sectores y familias lo que ha impedido que el país no salga del subdesarrollo.
Los ciudadanos están claros que los funcionarios públicos llegan a enriquecerse desde sus cargos, y lo que menos hacen es servirles. Si existe voluntad de que haya un sistema judicial que aplique la justicia sin vicios y revanchismos políticos, todos los diputados deberían ponerse de acuerdo para reformar la Ley de Inmunidad. Pero también los magistrados y jueces deben ser seleccionados por la sociedad civil y no por sistemas partidarios, que sólo daño hacen a la institucionalidad del país. Sólo de esta manera podría terminar la corrupción, que incluso está institucionalizada.
Y así Nicaragua podría encaminarse a un sólido sistema democrático donde los ciudadanos se sientan protegidos por un sistema jurídico respetuoso de las leyes, y no por intereses políticos que sólo daño han causado a la nación.
El autor es periodista.
