La comisionada Aminta Granera Sacasa fue consagrada ayer como nueva Inspectora General de la Policía Nacional, cuyas atribuciones, según la Ley 228, son entre otras las de investigar las denuncias “en relación a la conducta policial, o por la violación de los derechos y garantías consignados en la Constitución por parte de sus miembros”, así como la de cuidar “de la oportuna y justa corrección de las faltas en que incurran sus miembros”.
Personas que conocen las estructuras jerárquicas de la Policía Nacional opinan que esta escogencia es satisfactoria, sin perjuicio de que hay otros cuadros con la antigüedad y capacidad necesarias para desempeñar con eficiencia la inspectoría general, aunque la comisionada Granera sea mucho más conocida porque se proyecta frecuentemente en los medios de comunicación.
En todo caso, lo que se espera es que la nueva Inspectora General de la Policía actúe con presteza y eficacia para resolver las denuncias de abusos de autoridad, particularmente los excesos represivos como el caso del presunto delincuente que fue muerto a tiros el domingo pasado, en Managua, a pesar de que estaba desarmado y huía a la carrera de la persecución policial.
Al respecto hay que señalar que ese hecho constituye una criminal violación de la precitada Ley 228, que en su artículo 7 señala expresamente que los policías sólo deben usar armas de fuego “cuando existe un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas; o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que representa ese peligro, que oponga resistencia a la autoridad o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas…; o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para el orden público…”.
Por otro lado, la nueva Inspectora General de la Policía tiene que prestar mucha atención a otros abusos policiales que si bien no son tan graves como el anteriormente mencionado, sin embargo, ocurren con frecuencia y causan muchas molestias a la ciudadanía. Se trata de los abusos que cometen los reguladores del tránsito, quienes a menudo detienen a los conductores sólo para multarlos injustificadamente e inclusive para tratar de obtener “mordidas” (gratificaciones).
Es posible que los abusos sean pocos en la institución policial, pero la verdad es que no debería ocurrir ni uno sólo, porque la misión de la Policía no es perjudicar a los ciudadanos, sino protegerlos. La gente paga impuestos para financiar al Estado y, por lo tanto, para cubrir los sueldos y beneficios de los policías, y espera que éstos sean honestos, eficientes y respetuosos a los derechos, la integridad física y la vida de las personas, aún de los presuntos delincuentes que por esta razón no pueden ser abatidos a balazos en las calles.
La ciudadanía simpatiza con los policías —los de abajo—, que perciben sueldos bajísimos y cumplen jornadas extenuantes de trabajo. Pero si los abusos no son castigados la comprensión ciudadana se desvanece o convierte en frustración, y hasta en desprecio a la función policial, además de que la impunidad es aliada de la arbitrariedad y los policías abusivos seguirán abusando de su autoridad en tanto crean que pueden hacer lo que quieran.
Uno de los primeros deberes del Estado es garantizar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos. Según ciertas estadísticas, Nicaragua es el país centroamericano que tiene los más altos niveles de seguridad pública y la Policía menos corrupta. Y aunque las estadísticas no provienen de fuentes independientes, sino gubernamentales, con razón nuestros jefes policiales se enorgullecen de esos datos. Sin embargo, para que las estadísticas sean creíbles la Policía, y ante todo su Inspectoría General, debe hacer el esfuerzo de que no haya un sólo policía que cometa abusos contra los ciudadanos honrados, y que quien abuse sea sancionado.
Ése es el reto que tienen que afrontar y resolver satisfactoriamente los mandos policiales y el Gobierno por medio del Ministerio de Gobernación, para reestablecer y cultivar la confianza de la sociedad en la institución encargada de guardar el orden público y proteger a los ciudadanos honrados.
