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Algunos obispos católicos parecen estar frente a una novedad, cuando los periodistas les piden opinar sobre las acusaciones contra el ex presidente Arnoldo Alemán y funcionarios de su administración que, de acuerdo a las pruebas mostradas, saquearon el país.
Uno de los prelados católicos dijo que las revelaciones del gobierno, que documentan fraudes contra el Estado, tienen que ser bien analizadas antes de que la Conferencia Episcopal emita una declaración. Parece una señal de que ciertos obispos todavía dudan de que la corrupción tenga nombres propios.
La Iglesia Católica ha declarado antes su vocación por los pobres y los marginados, quienes más han sufrido por el dinero robado al Estado, pero sorprende que entre sus jerarcas persistan las vacilaciones a la hora de pedir justicia.
Hace semanas en Guatemala y México el Papa Juan Pablo II habló a favor de la gente pobre y marginada de América Latina, en especial de los indígenas, a quienes dijo: “Merecéis todo el respeto y tenéis derecho a realizaros plenamente en la justicia, el desarrollo integral y la paz”.
Una actitud similar esperamos en Nicaragua de parte de los obispos católicos, a favor de la población empobrecida de este país que durante décadas ha pagado, con sus limitaciones, el enriquecimiento ilícito de grupos que han controlado el gobierno.
Los casos de corrupción de Nicaragua han sido muy divulgados y la acusación que al fin hizo el presidente Enrique Bolaños, la semana pasada, resume parte de lo que ya se había dicho, también con documentación, a través de los periódicos y la televisión.
Nadie que ha vivido en Nicaragua durante los últimos cuatro años, podría decir que desconoce los escándalos de la corrupción, porque éstos han estado cada día en los medios de prensa. A menos que quiera hacerse el ciego o, como decimos aquí, tapar el sol con un dedo.
Incluso, uno de los contralores de la República comentaba que la acusación contra Alemán y sus allegados se había quedado corta, porque allí faltan casos de fraudes como el del Banco Nicaragüense (Banic), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y la Dirección General de Aduanas (DGA), entre otros.
Según la acusación, la defraudación contra el Estado ha sido equivalente a cien millones de dólares, hasta donde ha investigado la Procuraduría de la República, pero el contralor cree que eso es poco y que el robo suma 600 millones de dólares.
O sea que el gobierno de Bolaños está reclamando menos del 17 por ciento de lo robado, con esta primera acusación por corrupción. Recuperar todo lo sustraído será entonces una misión prolongada y accidentada, sobre todo si personajes influyentes del país, como algunos obispos católicos, muestran dudas y con ellas desaniman a la gente que pide castigo.
