William Schwartz*
En días pasados el PPresidente de la RRepública autorizó a cuatro empresas norteamericanas para que participen en la licitación de la exploración de petróleo, lo que generará al país algunos millones de dólares. Este anuncio ha entusiasmado a algunos sectores de la población nicaragüense, porque tienen la esperanza que esta inversión genere fuentes de empleo que tanto necesitamos.
Entre las zonas a explorarse, está una parte importante de la Plataforma Marítima del Caribe nicaragüense, por lo que aquí también ha motivado entusiasmo siendo que nuestra región es uno de los lugares del país con uno de los mayores índices de desempleo de la Población Económicamente Activa (PEA).
Los costeños tenemos la experiencia histórica de la presencia de las transnacionales del banano, madera, minas, pesca, hule, chicle, que generaron tanta riqueza para otros y a la población costeña, una vez que se retiraron las empresas, sólo miseria nos quedó. Y para muestra un botón ¿Qué desarrollo han alcanzado: Bonanza, Siuna, Bilwi, Bluefields? para mencionar algunos centros de lo que fue un emporio, sino ser dentro de este mi querido país los lugares más subdesarrollados dentro del subdesarrollo de Nicaragua.
Por eso me pregunto: ¿En las Cláusulas del Contrato de Exploración y si acaso de Explotación se incluirá la participación de las Comunidades de las Regiones Autónomas que serán afectadas por dicha actividad? ¿Qué porcentaje de lo que genere la exploración le corresponderá a los Gobiernos y Consejos Autónomos? ¿Incluirá el contrato transferencias tecnológicas para preparar a los costeños y que en unos diez años haya personal nacional calificado en esas empresas y no sólo sean extranjeros? ¿Con esta actividad se sustituirá la pesca por la actividad petrolera, cuál es más beneficiosa para el país; siendo que la pesca es un Recurso Renovable y el Petróleo no?
El Gobierno Central para no tener problemas legales y no ser sujetos de un Recurso de Amparo de parte de los costeños, debe ser respetuoso de lo que mandata el Arto. 181 y el arto. 21 de la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos que textualmente dice: “De conformidad con lo establecido en el Arto 7 Inciso 8, literal a) de la Ley de Municipios, previo a la aprobación de los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos a que se refiere la presente Ley, el INE deberá obtener la opinión del Gobierno Municipal correspondiente. Para el caso de las Regiones Autónomas, los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos deberán ser de previo aprobados por el Consejo Regional Autónomo.
De aquí la importancia que los concejales electos de la RAAS, destraben la crisis en que está sumido el Consejo Regional que lo tiene paralizado y como consecuencia está congelado el Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el financiamiento de organismos internacionales como ASDI y el BID, pero también no se puede discutir temas tan importantes como el que nos ocupa en este escrito.
No hay mucho tiempo ya que la licitación se cierra en octubre y el Gobierno Central, el CSE y la CSJ, no parecen interesados en contribuir a resolver el problema, sino que parece que les interesa mantenerlo, para que las Regiones Autónomas no hagan uso de este derecho constitucional.
Los concejales tienen la oportunidad de actuar como costeños y en la Resolución que emitan de aprobación de Exploración de Petróleo en el Atlántico, pongan como condición incluir en el Contrato Cláusulas que aseguren la participación de los costeños.
* El autor fue diputado por la Costa Atlántica.
