La presentación que el Procurador de Justicia en Funciones, doctor Francisco Fiallos Navarro, hizo el miércoles recién pasado sobre la forma en que cerca de 1,400 millones de córdobas fueron sustraídos de las arcas del Estado para beneficio de unos cuantos funcionarios del gobierno anterior, de sus familiares y sus allegados, fue de una claridad y contundencia tal que lo menos que debería esperarse es que los diputados ante la Asamblea Nacional permitan que la justicia siga su curso para que puedan ser juzgados los miembros del cuerpo legislativo que han sido indiciados. ¿Es esto mucho pedir? Pareciera que sí lo es, al menos para algunos diputados liberales que han decidido obstruir la justicia a como dé lugar.
Ésa es la posición, por ejemplo, del diputado René Herrera, primer secretario de la Asamblea Nacional, quien después de la presentación hecha por el Procurador de Justicia dijo que defenderán a Arnoldo Alemán “en la Asamblea, en las calles (y) en donde sea necesario”. Igual posición tomó el diputado Luis Benavides, quien dijo que “Nunca, jamás lo vamos a desaforar”, agregando que “primero se nos caerán nuestros dedos, pero no vamos a oprimir un botón entregando al doctor Alemán a sus verdugos”. Lo cierto es que a nadie sorprende que esos dos diputados liberales tomen esa posición, pero, ¿y el resto de la bancada? ¿Será que todos van a encubrir a Alemán y a impedir que haya justicia en Nicaragua? Es posible; pero conviene estar conscientes de que eso pondría al país en una situación institucional muy difícil, pues se trataría de que un poder del Estado —el Poder Legislativo— impida que otro poder del Estado —el Poder Judicial— cumpla su función.
El colmo de todo esto, sin embargo, son las declaraciones del diputado Herrera, quien reconoció que el dinero del Estado pudo ser utilizado para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) a través de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), cuyos miembros son Arnoldo Alemán, su hija, María Dolores Alemán, y Byron Jerez. La alucinante “justificación” que dicho diputado pretende hacer que se trague la ciudadanía es un insulto a toda la comunidad diplomática acreditada en nuestro país y una burla al pueblo nicaragüense. “No conozco”, dijo el diputado Herrera “ningún partido en el mundo que estando en el poder no haga uso del dinero del Estado para su partido”. Lo que Herrera ha hecho es confesar un delito, y recordemos que a confesión de cargo, relevo de prueba. Y aún así, este señor pretende impedir que se haga justicia.
Arnoldo Alemán no puede defenderse diciendo que la Fundación Democrática Nicaragüense es una entidad para financiar las actividades del PLC, como que el delito estuviera en eso. El delito que se le imputa, y que no quiere afrontar ante la justicia del país, es que saqueó las arcas del Estado para ese propósito, en parte, y para beneficio suyo, de su familia, y de sus allegados. El supuesto delito está en que más de 1,300 millones de córdobas del pueblo nicaragüense salieron de las arcas del Estado y fueron a parar a una fundación de su familia —de él y de su hija— y de un compinche suyo, Byron Jerez, y que una vez estando en ella lo usaron a como se les vino en gana. Ese es el delito que este individuo tiene que probar que no cometió. El resto son cortinas de humo para confundir a la opinión pública y quedar impune.
Los ojos del mundo están puestos en Nicaragua, y esperan ver el resultado que tendrá esta lucha entre quienes quieren que nuestro país sea reconocido como una nación en la que se hace justicia y se castiga la corrupción, y quienes quieren que siga siendo vista como un paisito controlado por corruptos y saqueadores. Es de suma importancia que triunfe la primera opción, porque, de ser así, Nicaragua le estaría probando al mundo entero de que sí es posible romper con una cultura de corrupción e injusticia cuando hay gobernantes honestos y un pueblo decidido a progresar. Lo contrario sería fatal y ahogaría las esperanzas de un pueblo deseoso de mejorar sus condiciones de vida y de vivir en paz y con dignidad.
