La experiencia nacional e internacional demuestra que la impunidad es la mejor aliada de la corrupción. La corrupción en la administración del ex presidente Arnoldo Alemán no hubiera sido tan grande, si el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro no hubiera cometido el gravísimo error —por la razón que fuera— de dejar impune la piñata sandinista y legitimarla mediante una injusta ley de la propiedad.
La impunidad de la piñata, y el hecho de que sus ejecutores y principales beneficiarios se convirtieron en respetables miembros de la alta sociedad nicaragüense, alentó a los corruptos que hubo en el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro —como el ex viceministro de la Presidencia, Antonio Ibarra—, pero sobre todo a quienes en el recién pasado gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán practicaron la corrupción más escandalosa de toda la historia nacional.
Como consecuencia de la impunidad se relajó la moral ciudadana, al grado de que llegó a ser normal escuchar y leer expresiones éticamente anormales, como las de que “no importa que los gobernantes roben con tal de que hagan obras”, que nadie debe lanzar la primera piedra porque de una u otra manera todos somos pecadores y corruptos, o que la corrupción se debe combatir pero de aquí en adelante, sin espejo retrovisor.
Por otro lado, también ha sido comprobado por la experiencia nacional e internacional, que así como la impunidad que protege a los corruptos alienta más corrupción, en sentido inverso la impunidad desmotiva el crecimiento económico, desalienta las inversiones de capital y tecnología moderna y hunde en una mayor pobreza a la nación.
La corrupción no es un problema exclusivo de Nicaragua. Corrupción y corruptos hay en todas partes del mundo, inclusive en los países del llamado primer mundo. Pero la diferencia entre unos y otros países la hace el hecho de que mientras en algunos de ellos se promueve y practica la transparencia gubernamental, se cultiva una cultura de honestidad y se castiga a los corruptos, en otros se tolera la corrupción y se justifica a los corruptos con cualquier clase de pretextos y argumentos, inclusive religiosos.
Y el resultado de esa diferencia es muy significativo: Mientras los países con los mayores índices de transparencia y honestidad gubernamental son los que tienen también los más altos estándares de desarrollo y prosperidad, por el contrario, las naciones más pobres son aquellas en las que impera la corrupción y los gobernantes saquean impunemente el Estado, como ha sido hasta ahora el caso lamentable y vergonzoso de Nicaragua.
Pero en algún momento hay que comenzar a poner fin a la nefasta tradición de impunidad, y todo indica que ese momento es ahora. Después de que el Presidente Enrique Bolaños enseñó ayer las pruebas sobre la participación personal y familiar del ex presidente Arnoldo Alemán en la corrupción que hubo durante el gobierno anterior; y luego de las acusaciones que la Procuraduría presentó formalmente en el juzgado correspondiente, nadie puede objetar que a Alemán y demás acusados inmunes se les debe desaforar para que respondan ante la justicia.
En realidad, no basta con que el Presidente Bolaños abra las guacas de la corrupción, ni es suficiente presentar públicamente las evidencias inobjetables de la culpabilidad del ex presidente Alemán y compañía. También hay que procesar a los acusados y esto debe ser ahora mismo. El saqueo del magro tesoro público nicaragüense, que se practicó en el gobierno anterior, no debe quedar impune. Los diputados, incluyendo a los que pertenecen a la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), deben quitarle la inmunidad a Alemán y a los otros acusados que se escudan en ese privilegio constitucional, para que puedan ser juzgados por la justicia ordinaria. Los diputados tienen todavía la oportunidad de reivindicarse y responder al interés nacional.
Pero si a pesar de todas las evidencias y pruebas que se han presentado, la mayoría parlamentaria decide seguir protegiendo a los principales culpables de la corrupción, el gobierno respaldado por el pueblo tiene que usar los medios constitucionales que sean necesarios para terminar con la impunidad de los corruptos, recuperar los cuantiosos bienes que éstos le robaron al pueblo, y restablecer el honor nacional.
