Adolfo Pastrán [email protected]
La resolución adoptada la semana pasada por la Contraloría General de la República sobre la adjudicación de la empresa hidroeléctrica Hidrogesa ha sido oportuna y prudente, porque evitó mayores daños a la economía nacional y a la inversión extranjera.
Tal y como bien lo reconocieron los contralores, la licitación pública internacional efectuada por Enel obedeció a una ley promulgada por la Asamblea Nacional en 1998.
Debe destacarse el hecho que la CGR manda a que sea el Comité de Precalificación y de Preadjudicación quien rectifique su recomendación inicial de adjudicar a Enron, tomando en cuenta las anomalías encontradas por el Comité de Privatización, en la Garantía de Seriedad de la oferta de Enron de Nicaragua. Al declarar la CGR de nulidad la adjudicación inicial del Comité de Privatización hace posible que éste devuelva la resolución que requiere corrección al primer comité y que este a su vez pueda corregir su resolución inicial.
La CGR, en consecuencia, no puede pasar por sobre el Poder Legislativo ni anular una privatización porque establecería precedentes y antecedentes graves, que serían aprovechados por sectores políticos para revertir las privatizaciones de otras empresas públicas, ahora en expansión. Eso sería caótico para el país.
Corresponderá al Comité de Privatización de Enel agilizar este proceso para no hacerle más daño a las políticas económicas del gobierno y para no enviar señales erradas a quienes desean desarrollar inversiones en Nicaragua, porque quienes pagan las consecuencias son los nicaragüenses ansiosos de trabajo y de mejoría en su calidad de vida.
Hemos visto cómo con esta licitación se ha especulado y manipulado sobre el valor y la capacidad de la generadora, perdiendo la perspectiva de la realidad. El FMI ha sido claro, y lo ha reconocido el liderazgo del FSLN, que la situación económica del país es dramática y angustiosa.
Entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno dinero para administrar, mantener y mejorar a Hidrogesa?
En manos del gobierno, atado de pie y manos con un raquítico Presupuesto Nacional y presionado por la aplicación de una reforma tributaria para reducir el elevado déficit fiscal que ahoga la economía, es como darle esperanzas de mejoría a un enfermo crónico, sin inyectarle medicinas.
Por eso es que también se privatizó el área de distribución de la energía eléctrica, porque el Ejecutivo no tiene capacidad para invertir un centavo en ese sector. Nos guste o no son las consecuencias de las guerras y los desgobiernos pasados. Lo que debe procurarse es que estas privatizaciones contribuyan a consolidar la economía para mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Estamos frente a la realidad.
A pesar de los claros intereses políticos y económicos por boicotear esta licitación bajo diferentes argumentos, hay un aspecto positivo que debe observarse: nadie ha encontrado que en este proceso haya habido algún vicio de corrupción.
Ninguna de las empresas que se sometieron a la licitación han alegado que un funcionario haya vendido su conciencia o el voto a la hora de decidir hacia dónde debe inclinarse la balanza, ni los licitantes han denunciado que un comprador haya ofrecido sobornos para corromperlos.
Nadie ha dicho que el Presidente de la República lo haya llamado para sugerirle a quien favorecer, ni ha enviado mensajeros, mucho menos que haya creado empresas con testaferros para quedarse con el bien estatal. Eso ya constituye un enorme avance en el establecimiento de un sistema de transparencia en la función pública.
La nota discordante en este proceso ha sido el ahínco con el que Enron, quien ni siquiera pudo someter una garantía que llenara los requisitos establecidos en las bases de licitación, ha impulsado la nulidad de un proceso sin importarle, aparentemente, la urgencia de un país por obtener fondos y que más ayuda pueda llegar al necesitado pueblo de Nicaragua. Deben aceptar que ya tuvieron su oportunidad y es hora de permitir que el proceso y el país avancen.
La empresa internacional que adquirirá Hidrogesa, para despejar las dudas lanzadas al aire, debe comprometerse en la mejoría de la calidad en la generación de la energía, procurando que su expansión sea para que más nicaragüenses, que hoy no gozan de luz eléctrica, la tengan en poco tiempo y para que al generar más energía se abaraten también los costos a los distribuidores y éstos a su vez eviten aplicar altos reajustes en las tarifas de los consumidores.
El autor es periodista
