Sergio [email protected]
No existe una sola persona en el país (con excepción de los propios interesados) que piense que el número de magistrados debe mantenerse en dieciséis o sea, la opinión pública es clara en pedir que se reduzca la cantidad de magistrados a un número que racionalmente pueda distribuirse el presupuesto y la labor judicial. En las últimas semanas la concentración de energías para el nombramiento de nuevos magistrados ha sido notoria. Pero, cabe preguntarnos, si la solución (una entre tantas) es realmente “insistir” en que el número de dieciséis magistrados se mantenga con la elección de nuevos candidatos de una larga lista.
Hay que estudiar la posibilidad (que realmente es una necesidad) de congelar las plazas de magistrados que en los próximos días (y también las del año próximo) quedarán “vacantes”, nueve en total. Esto por supuesto, necesita una reforma constitucional, no obstante, los legisladores y la sociedad civil tienen cerca de diez meses para valorar la posibilidad de redefinir esta situación. Esta idea, no sólo nace de la percepción de la opinión pública, sino de los propios magistrados. En el Programa de televisión “Esta Semana” una magistrada y un magistrado, con sinceridad, expresaron que la Corte Suprema de Justicia podría trabajar perfectamente sin los homólogos que en estos días se marchan. Esto me hizo reflexionar y pensar en “pesos y centavos” la oportunidad que el país y el propio Poder Judicial tendrían si estos cargos, definitivamente se congelaran.
Para el país congelar nueve plazas de magistrados supondría un ahorro de más de “seis millones de córdobas” (C$6,000,000). Con esta suma el Poder Judicial podría fortalecer el acceso a la justicia nombrando más de 150 jueces locales o bien, 50 jueces de distritos o 20 magistrados de Tribunales de Apelación o más de 60 defensores públicos. También distribuir equitativamente con el Ministerio Público para que amplíe su plantilla, que actualmente no supera los 80 fiscales auxiliares, lo mismo que la Procuraduría General de la República. Esto implicaría que la Corte volvería al número original de 7 magistrados, que con un grupo consolidado de asesores (o letrados, como le llaman en otros países) trabajaría de forma más ágil y abría pocas tensiones a lo interno a la hora de tomar las resoluciones o acuerdos.
Es un buen momento pues, para que el país reflexione respecto si es necesario tener o no una cantidad de dieciséis funcionarios en el Tribunal Supremo de Justicia. La reducción hasta siete magistrados no sólo supone un ahorro importante al presupuesto nacional, sino una adecuada distribución del mismo para mejorar y facilitar al ciudadano el acceso a la justicia, crear plazas de jueces donde no hay, particularmente en la zona rural o autónomas de la Costa Caribe nicaragüense y permitir que haya, como lo pidió la Comisión Jurídica, un número de jueces por habitantes proporcional para mejorar el servicio público de la justicia. También significa para el país la posibilidad de mejorar el control o el proceso de selección y elección de los magistrados, no es lo mismo nombrar a siete que dieciséis magistrados. Pensar en nombrar o reelegir a nuevos magistrados, sin aprovechar el momento para reflexionar si realmente esto es o no lo que el país necesita, es tirar por la borda una valiosa oportunidad para hacer cambios en serio.
Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
