La propuesta del arnoldismo, de hacer un “acuerdo nacional” entre el Partido Liberal Constitucionalista y los otros partidos representados en la Asamblea Nacional (FSLN, Camino Cristiano, Resistencia, Conservador), con el Gobierno del Presidente Enrique Bolaños, es obvio que persigue el propósito de detener la lucha contra la corrupción.
Según explicaron los dirigentes arnoldistas en su convención del 11 de julio, ellos están de acuerdo con que se luche contra la corrupción, pero respetando los “derechos humanos” de los corruptos, o sea, sin enjuiciarlos ni quitarles lo robado, ni mandarlos a la cárcel. Como ha dicho el ex presidente Alemán, la lucha contra la corrupción hay que librarla sin espejo retrovisor, de aquí para adelante, sin mirar hacia atrás.
Resultó comprensible, entonces, que el Presidente Bolaños reaccionara a la propuesta arnoldista expresando su disposición a entenderse con cualquiera, pero de manera transparente y en derredor de asuntos de verdadero interés nacional, no para pactar con quienes quieren detener la lucha contra la corrupción y que los corruptos queden impunes.
Por su parte, la dirigencia del FSLN, después de la convención arnoldista del 11 de julio manifestó que apoyaría un acuerdo nacional con el Gobierno del Presidente Enrique Bolaños, pero excluyendo al ex presidente Arnoldo Alemán. Y Daniel Ortega más bien pidió que el doctor Alemán sea despojado de su inmunidad, para poder llevarlo a los tribunales a enfrentar las numerosas denuncias y acusaciones de corrupción. Al parecer el FSLN está tratando de llenar el vacío que supuestamente hay en la lucha contra la corrupción, ya que el Gobierno no ha acusado en los tribunales a Arnoldo Alemán por lo que podría ser condenado, y más bien lo ha hecho, desatinadamente por un supuesto delito de opinión.
¿Ahora bien, es válido y viable el planteamiento de un acuerdo nacional, en la actual situación política, social y económica que está viviendo el país?
La verdad es que cualquier momento es bueno para entablar negociaciones políticas y hacer un acuerdo de interés nacional, puesto que la democracia funciona precisamente sobre la base del diálogo y los compromisos entre los partidos. Lo malo es hacer contubernios y pactos con el propósito de subordinar las instituciones estatales a los intereses partidistas y para repartirse cargos y prebendas, como fue el pacto libero-sandinista del año 2000.
En Nicaragua, cada vez que se instala un nuevo gobierno sus adversarios hablan de crisis, dicen que los gobernantes recién establecidos “no arrancan” y que las plataformas de los partidos que los ciudadanos no aceptaron en las últimas elecciones, deben ser convertidas en políticas gubernamentales por medio de acuerdos nacionales. Además, la historia de Nicaragua ha sido recurrente en violencia política y guerras civiles, pero también en negociaciones, componendas y acuerdos partidistas de toda clase. De hecho, todos los conflictos políticos de Nicaragua, aún los mas enconados y cruentos —como la Guerra Nacional de mediados del siglo 19 y la guerra civil entre sandinistas y contras, de fines del siglo 20— terminaron mal o bien en la mesa de negociaciones.
En la actualidad no hay ninguna crisis de gobernabilidad en Nicaragua, sólo dificultades del gobierno y la sociedad porque el país no ha podido superar las secuelas de la revolución sandinista, porque el gobierno anterior saqueó el Estado y dejó al nuevo con las manos amarradas, porque las instituciones estatales han sido prostituidas por el partidismo y porque la mayoría arnoldista en la Asamblea Nacional dificulta e inclusive sabotea la gestión gubernamental del Presidente Enrique Bolaños.
De manera que en este momento un acuerdo nacional —que en principio tendría que excluir a Arnoldo Alemán—, sólo sería necesario y útil si fuera para disolver la actual Asamblea Nacional y convocar a elección de nuevos diputados con participación pluripartidista y en base a la escogencia uninominal; para reducir la cantidad de diputados, al menos a la mitad; para reestructurar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, y para disminuir también el número de magistrados y contralores.
Sin dudas que un acuerdo nacional y una reforma constitucional con tales objetivos sería muy bien acogida por la población nicaragüense y la comunidad internacional.
