El viernes pasado, la señora Berta Argüello, ex viceministra de Relaciones Exteriores e hija del contralor arnoldista Guillermo Argüello Poessy, presentó ante un Juzgado del Trabajo una demanda millonaria (1.7 millones de córdobas, equivalentes a unos 113 mil dólares estadounidenses), contra el Gobierno de Enrique Bolaños, porque éste la sustituyó con el diplomático Salvador Stadthagen.
Pero la verdad es que la señora Argüello no fue despedida ni excluida de la codiciada planilla estatal, sino transferida a otro cargo —embajadora en Argentina— que ella no quiso aceptar por razones personales y ahora pretende que el Gobierno, es decir, la gente que trabaja, produce y paga sus impuestos, la “indemnice” con una suma millonaria.
La “indemnización” millonaria a altos funcionarios fue una de las habituales formas del pavoroso saqueo del Estado en el gobierno anterior (aparte de los checazos, tarjetazos, fraudes bancarios, desviaciones de fondos, etc., que según el presidente Bolaños sumaron más de 600 millones de dólares). Inclusive, altos funcionarios eran transferidos con indemnizaciones cuantiosas de un lucrativo cargo a otro superior en jerarquía y con mayor remuneración y privilegios, aplicándose de manera ilegal y desproporcionada las disposiciones que establece el Código del Trabajo para la indemnización a los trabajadores que son despedidos.
La práctica del Estado botín alcanzó en el gobierno anterior una dimensión gigantesca, sin precedentes en la historia nacional; tanto, que los dos regímenes del pasado más reconocidos como corruptos, el de los Somoza y el de los comandantes sandinistas, se quedaron pálidos ante el descomunal saqueo del erario que se hizo durante y por el gobierno del ex presidente Alemán. Y al parecer la práctica del Estado botín en alguna medida se quiere seguir practicando —a pesar de la lucha del presidente Bolaños contra la corrupción— por la simple y sencilla razón de que en el Gobierno quedaron enquistados numerosos funcionarios del régimen anterior, que además de emular a su codicioso e insaciable cacique sabotean la nueva gestión gubernamental.
Pero el Gobierno del presidente Bolaños no debe ceder ante la absurda demanda millonaria de la ex cancillera Argüello, tanto porque carece de asidero legal y ético como porque las personas honestas que trabajan y pagan los impuestos con que se financian los gastos del Estado no tienen por qué satisfacer el apetito económico de la demandante. Las disposiciones del Código del Trabajo para garantizar a los trabajadores la estabilidad laboral, y para que los empleados de confianza al ser despedidos sean indemnizados con una cantidad equivalente a entre dos meses y hasta seis meses de salario, siempre y cuando tengan un mínimo de un año continuo de trabajo, (artículo 47 Ct.), no se aplican a los ministros y viceministros porque éstos son secretarios del Presidente de la República, quien los puede remover cuando quiera según las facultades que le confiere la Constitución Política de la República.
Al respecto señala el tratadista Guillermo Cabanellas que “el ministro es funcionario público, y no empleado público, condición que sí posee un oficinista del Estado”. Y la Constitución (artículo 150, acápite 6) es muy clara al establecer como una de las atribuciones del Presidente de la República “Nombrar y remover a los ministros y viceministros de Estado, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales, jefes de misiones diplomáticas y demás funcionarios cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución y en las leyes”.
El viernes de la semana pasada, el subsecretario de Estado norteamericano Otto Reich dijo en un discurso que pronunció en Argentina que “La corrupción de funcionarios del gobierno es veneno para la democracia. No debemos permitir impunidad, privilegios exclusivos, o inmunidades para los ricos o poderosos, los recursos públicos deben usarse únicamente para el bien público”.
Citamos esto sólo como una referencia. No es porque lo diga Reich sino que para ser consecuente en su lucha contra la corrupción —y por decencia gubernamental— el presidente Bolaños no debe ceder a la absurda demanda de la ex cancillera, y más bien debería expulsar del Gobierno a todos los remanentes del régimen anterior. Al arnoldismo no se le debe tratar con paños tibios, sino con bola recia, que es como a él le gusta jugar.
