El negocio de ser magistrado

Freddy Potoy [email protected]

Es triste ver desfilar por la televisión a los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque ni siquiera se percatan o no quieren entender, que sólo están sirviendo como un instrumento para legitimar los verdaderos nombramientos de los futuros magistrados de ese Poder del Estado.

Los candidatos llegan amarrados al debate televisivo. No quieren discutir a fondo el problema de la corrupción en términos generales y en el caso específico, la corrupción en el Poder Judicial; se manejan políticamente a sus conveniencias, llegan a ofrecer cosas que ni ellos mismos se lo creen, y sobre todas las cosas, se ve que están dispuestos a soportar cualquier lluvia de cuestionamientos en aras de alcanzar ese ansiado puesto de magistrado, porque después llega la rentabilidad.

En mayo del 2002, junto con otras dos periodistas publiqué una serie de reportajes en LA PRENSA que una vez más dejaron en evidencia el negocio de ser magistrado de la CSJ.

Recuerdo que uno de los reportajes explicaba detalladamente los 100 recursos de inconstitucionalidad que permanecieron engavetados durante una década (1990-2000). Eso es una barbarie contra el pueblo de Nicaragua.

El resto de reportajes explicaba el salario de cada uno de los magistrados que no era menor al equivalente a los 4,000 dólares mensuales, más 20,000 córdobas en gastos reservados, más un paquete bimensual, más pago de telefonía celular, más unos 80 galones de combustible, más dos vehículos asignados, más seguridad personal en sus casas, más los asesores que tiene cada uno de ellos, más prebendas políticas que les facilita su investidura de Magistrados.

Asimismo, según la documentación que conserva LA PRENSA, en el 2000 aparecía una lista de periodistas cuyos servicios eran contratados por órdenes expresas de algunos magistrados para que publicaran sólo noticias positivas de la CSJ y fundamentalmente de ellos.

Pero además de estas cosas, una vez que los señores abogados llegan a ser magistrados, el asunto cambia totalmente. Ellos se bajan de sus vehículos de lujo un poco “encumbrados”, ven por encima de sus hombros a la gente que urge atención y a los mismos abogados que no son sus amigos; es frecuente que la gente pida audiencia y los señores magistrados los hacen esperar porque ellos llegan tarde, luego tienen “una reunión importante”, al final son las doce del día y la respuesta a quienes esperaron mediodía es: “el magistrado o la magistrada no lo, o la podrá atender porque se tiene que ir”. Como que si las personas que llegan a esperar no son importantes.

Lo cierto es que la situación política cambiante de Nicaragua ha distorsionado la justicia desde siempre, pero desde 1990, el número de magistrado en la CSJ viene subiendo y los costos económicos para los contribuyente son un golpe fuerte. En vez de elegir a otros cinco magistrados para completar los 16, lo correcto sería reducir el número y con seguridad el Supremo Tribunal no dejará de funcionar.  

Editorial
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