Hugo Ramón García
La Contraloría General de la República debería ampliar a los departamentos de Nicaragua sus equipos de trabajo, para investigar también a los ex funcionarios que en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro cometieron actos de corrupción abusando de los cargos de confianza.
La ley tiene que ser pareja, “y con la misma vara que se mide a unos, medir a los demás”, de manera que Nicaragua pueda levantarse de sus muchas caídas que le han causado daños considerables. En aquel gobierno varios funcionarios fueron “protegidos” por Antonio Lacayo. Y a otros por cuyas manos pasaron donaciones extranjeras para el cumplimiento de proyectos que no se consumaron, la Contraloría debe investigarlos a fondo hasta encontrar en ellos la responsabilidad en la que incurrieron.
La Contraloría, como órgano fiscalizador del Estado, sabe que en ese tiempo hubo funcionarios que con sus actuaciones “quebraron otra piñata” y sacaron de ella óptimas utilidades, pero y como nadie los pudo acusar ante los tribunales de la justicia ordinaria, porque no dejaron señales de prueba, se burlaron de los países donantes que volcaron sus ayudas creyendo que esos funcionarios provenientes de las entrañas del somocismo actuarían de buena fe.
Con ellos se tiene que ser implacable. El Estado de Nicaragua no es una vaca lechera para seguirla “ordeñando”, ni tampoco patrimonio de unos cuantos aprovechados que pretendan seguirse lucrando de sus haberes. La Contraloría General de la República tiene que poner el dedo en la llaga enviando sus representantes a las cabeceras departamentales para someter a investigación a los ex funcionarios del extinto gobierno de doña Violeta que con su comportamiento ilícito le causaron a su administración serios agravantes, y en virtud de ser inhibidos con todo el rigor de la sentencia, a lo mejor ostentan como “premio” a sus hazañas alguna posición, o se desplazan en vehículos del Estado usándolos para fines particulares corroborando así los altos niveles de corrupción que hoy por hoy sacuden al país.
La Contraloría en su empeño de combatir la corrupción no debe limitarse a investigar en Managua a “los peces gordos”, sino que su tarea tiene que extenderse a todo el territorio nacional donde posiblemente encuentre “peces de menor escala” que en el período de doña Violeta se bañaron con aguas perfumadas.
Estamos claros que en el gobierno de Arnoldo Alemán la corrupción alcanzó altísimos porcentajes que ha venido a poner a Nicaragua en una situación económica muy calamitosa, pero no debemos ser parciales viendo una sola cara de la moneda, sino que la óptica de nuestro juicio tiene que ir más allá y ver que en el pasado régimen de doña Violeta figuró gente de su gabinete que como Antonio (Tony) Ibarra Rojas, llegó a ser la vergüenza de este país, y cuando ya no pudo seguir viviendo en Nicaragua porque extrajo para beneficio propio un millón de dólares del extinto Fondo de Ayuda para los Sectores Oprimidos (FASO), tuvo que salir huyendo al extranjero dejando en Somoto una camioneta color plomo oscuro, vidrios ahumados, marca Toyota, y escapándose por el puesto fronterizo de El Espino, localizado a veinte kilómetros de la cabecera departamental de Madriz.
El autor es periodista.
