El ex secretario de comunicación social en el gobierno que presidió Arnoldo Alemán, Roberto Duarte, quien fuera fulminado con auto de prisión en el juicio por fraude contra el desaparecido estatal Canal 6 de Televisión, quedó en libertad bajo fianza porque, según la explicación que dio la jueza Ileana Pérez, podía morirse si continuaba encarcelado.
Si eso fuera cierto —es decir, que de seguir en la cárcel Duarte se hubiera muerto como consecuencia de la enfermedad que padece— la decisión de la jueza Pérez fue justa y correcta siempre y cuando esa facultad estuviera prevista en la ley, como ella asegura. Sin embargo, todos los reos que están gravemente enfermos y en condiciones parecidas a las del ex funcionario público Roberto Duarte, también deberían ser dejados en libertad, como lo dijo en LA PRENSA del sábado pasado el vicario de cárceles de la Iglesia Católica de Nicaragua, Monseñor Amado Peña, quien aseguró que por lo menos “hay 32 casos graves que merecen un trato igual al que la juez dio a Roberto Duarte”.
En realidad, según el artículo 39 de la Constitución Política de la República, “En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo”. Pero del hecho de que el sistema penitenciario tiene un carácter humanitario y que la naturaleza de las penas es reeducativa, no se puede inferir que las personas juzgadas y condenadas por cometer cualquier delito no deban ser castigadas con la cárcel, sin perjuicio de que el régimen carcelario debe ser acorde con la condición humana de los reos.
La justicia humana estableció desde tiempos inmemoriales el castigo de cárcel para el delincuente, a fin de proteger a las personas honradas de los individuos antisociales. Y también porque el criminal debe pagar de alguna manera por el daño que le causó a otras personas y a la sociedad, y para advertir a otros que quieran delinquir, que si lo hacen recibirán ese mismo tratamiento riguroso de la ley y la justicia.
En los últimos cincuenta años —desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos— hubo un avance mundial sin precedentes en el reconocimiento a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a quienes guardan cárcel por cualquier motivo o razón. Pero al mismo tiempo se ha venido imponiendo la tendencia a justificar a los criminales con el argumento de que la delincuencia es un problema social y que, por lo tanto, los delincuentes más que victimarios son víctimas de la miseria y la marginación social. De manera que se ha creado una paradójica situación en la que la compasión es para los delincuentes y los reos y no para las víctimas de los criminales, que además de la vejación directa —robo, asalto a mano armada, agresión física, violación, etc.— ahora tienen que sentirse culpables emocionalmente por las desgraciadas e injustas condiciones sociales en que viven sus agresores, y perdonarlos.
Pero la cárcel es el mínimo castigo que debe sufrir alguien que delinque contra las personas, la sociedad o el Estado, como es, por ejemplo, el caso de los funcionarios corruptos a quienes la justicia les ha demostrado inequívocamente su culpabilidad; en el entendido de que el tratamiento carcelario debe ser acorde con la dignidad humana de los reos, lo que incluye ponerlos en libertad —con casa por cárcel, o bajo fianza— cuando de verdad sufran enfermedades que no pueden ser debidamente tratadas en prisión, y cuando a pesar de ser reos de alta peligrosidad su precario estado de salud los ha hecho prácticamente inofensivos.
En todo caso, la autoridad correspondiente debe comprobar si es cierto que el reo está gravemente enfermo y es imposible que pueda recibir el tratamiento médico en la cárcel. Y además, ese tratamiento generoso no debe ser sólo para los “reos de cuello blanco”, sino también para los otros presos que están en las mismas condiciones pero no tienen recursos económicos ni influencias políticas para comprar justicia.
