- Con la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional, una pregunta surge en medio de una gran expectación política: ¿Hay criminales de guerra en Nicaragua? La respuesta ya se conoce, pero se ha manejado en un completo silencio bajo la excusa de salvaguardar la paz. Pero decenas de fosas comunes, descubiertas en la década de los 90, son una de las pruebas fehacientes de muchos crímenes de guerra y genocidios cometidos aquí. ¿Podrán ser juzgados estos criminales?
Roberto Orozco B. [email protected]
En Bijagua, una pequeña aldea ubicada a 49 kilómetros de Camoapa, Boaco, los campesinos de la zona desenterraron, en enero de 1992, los restos de más de 75 cadáveres.
Las calaveras eran prueba fehaciente de lo que los campesinos denominaron “la masacre de Bijagua”, resultado de una operación militar de gran envergadura contra el jefe contrarrevolucionario conocido como “Comandante Ciclón”, a mediado de la década de los 80.
El 23 de diciembre de 1983, toda la comunidad mískita de Francia Sirpe, a orillas del Río Coco, fue obligada a abandonar su lugar de origen para ser trasladada a la fuerza a Honduras, por una fuerza de tarea de la ex “Contra”, a la cual, años más tarde, se le señalan asesinatos de aquéllos que se resistieron a abandonar el sitio.
De esa misma forma, más de una veintena de fosas comunes fueron descubiertas a inicios de la década de los 90 y fueron presentadas como pruebas claras de la comisión de uno de los delitos más grave contra la humanidad: los crímenes de guerra, y de que aquí existen criminales de guerra sin castigar. Pero, a pesar de lo doloroso de la historia, nunca nadie fue señalado y juzgado, en aras de “proteger” la reconciliación nacional y de sepultar las “viejas heridas” de las guerras fraticidas del pasado.
Salvador Talavera, Presidente del Partido de la Resistencia Nicaragüense, y principal impulsor de la creación de la Comisión de la Verdad en Nicaragua, afirma que historias como las anteriores hay miles, y surgirán si la guerra de los años 80 se revisa retrospectivamente. Por ello, cree que existen criminales de guerra en Nicaragua que caminan impunes por nuestros corredores políticos.
Los autores son tanto materiales como intelectuales, asegura, a quienes hay que buscar cómo juzgarlos, sean éstos de uno u otro bando.
“Estos criminales son personajes con mucho poder político y militar en nuestro país, quienes se escudan en las instituciones que representan”, dice Talavera. Por ello, agrega, ni siquiera se ha podido sentarlos frente a la justicia.
Sin embargo, para Talavera ya es hora que estos crímenes se esclarezcan porque, según dice, “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y por eso, cada vez más, existe interés por parte de grupos de ciudadanos que ven en la justicia internacional la oportunidad de que se haga justicia.
NACE UNA POSIBILIDAD
La entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional (CPI), el pasado primero de julio, generó esa expectativa. La posibilidad de que se juzgue a criminales de guerra de nuestro país, está dada.
Pero, desde su fundación, durante la Conferencia de Roma, celebrada entre el 15 y 17 de julio de 1998, lo que dio origen a los Estatutos de la Corte Penal Internacional, Nicaragua se ha rehusado a adherirse siquiera a este tribunal, el primero de carácter permanente, y cuyo mandato es juzgar y castigar cuatro tipo de delitos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y la agresión, varios de los cuales se han cometido durante la historia reciente en nuestro país.
Desde la guerra de insurrección, entre 1978 y 1979, cuyas cifras no oficiales indican un total de 50,000 nicaragüenses muertos, se cometieron genocidios. Asimismo, en la década de los 80, durante la guerra entre sandinistas y “Contras”.
El doctor Augusto Zamora, experto en Derecho Internacional, considera que la CPI es el “mayor esfuerzo realizado por la comunidad internacional para poner fin a la impunidad de los tiranos”. En coincidencia, el doctor Orlando Guerrero Mayorga, también experto en Derecho Internacional y profesor de esa Cátedra en la Universidad Centroamericana (UCA), expresa que la CPI es un “hito histórico que repercute en Nicaragua y el mundo, porque fortalecerá todas las legislaciones penales con miras a no permitir impunidad de estos delitos”.
Ante esto, para Zamora, el hecho de que Nicaragua no haya firmado el Estatuto de la CPI, también conocido como Estatuto de Roma, “es un hecho deplorable y vergonzoso, pues significa dejar a nuestro país al margen de un paso histórico en la lucha de siglos por defender los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos”.
“Una ausencia tanto más significativa cuanto que Nicaragua, en el siglo XX, fue víctima de intervenciones armadas, una dictadura sangrienta como la somocista, y una guerra de agresión implacable cuando el gobierno sandinista, condenada, preciso es recordarlo, por la Corte Internacional de Justicia en junio de 1986”, agregó el doctor Zamora.
¿SE PODRÁN JUZGAR?
Entonces, ¿se podrá responsabilizar a alguien por los crímenes de guerra y genocidio cometidos en el pasado? ¿Se podrá juzgar a nuestros criminales de guerra?
Aunque Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma ni se ha adherido al mismo, el doctor Guerrero cree que existe una posibilidad.
“El Estatuto de Roma sólo puede aplicarse para crímenes posteriores a su vigencia (1 de julio de 2002), pero si hay una declaración de aceptación del Estado que se adhiere para que el tribunal juzgue estos crímenes, entiendo que el tribunal los juzgaría. Claro, sólo si se da esa aceptación de competencia por parte del Estado que se adhiere”, aclaró.
Al consultársele si cree que en Nicaragua hay criminales de guerra, el doctor Guerrero aseguró que en todos los países que han tenido situaciones de conflicto armado, “considero que se han cometido crímenes de guerra, y Nicaragua no es la excepción”.
“En ese sentido, cabrían dos posiciones. Una que crearía una fuerte polémica en la sociedad civil, es que estos crímenes sean juzgados por la jurisdicción interna porque no prescriben, esa es la naturaleza jurídica de estos delitos. De no poderlo hacer, que los juzgue la Corte Penal Internacional, pero para eso se necesitaría que Nicaragua sea Estado ratificante del Estatuto”, explicó Guerrero.
LA PROMESA
En ese sentido, el canciller Norman Caldera adelantó a LA PRENSA que Nicaragua se adherirá a la Corte Penal Internacional.
“El proceso de adhesión todavía está abierto, y tenemos toda la intención de adherirnos tan pronto como sea posible. Éste es un avance fundamental en el derecho de la humanidad, tal vez el más importante en los últimos diez años, y nosotros no nos debemos de perder de estar ahí”, dijo el canciller Caldera.
Caldera puso como caso hipotético el hecho de que Nicaragua no firmó en su momento el Estatuto de Roma porque cree que el pensamiento que privó entonces fue que creyeron que la firma del mismo podía generar roces con nuestra Constitución Política, que dice que los nicaragüenses sólo pueden ser juzgados por tribunales nacionales.
“Yo creo que no, que se debía haber suscrito (el Estatuto), y que antes de ratificarse se debió haber llevado a cabo los ajustes necesarios para que los roces constitucionales se resolvieran a favor del bien mayor”, aseguró el canciller.
Caldera dijo que el Ejecutivo ya prepara el estudio de los cambios que hay que hacer en nuestra legislación, y, si es necesario, realizar una reforma parcial a la Constitución para que Nicaragua pueda adherirse, dentro de dos legislatura, al Estatuto de Roma.
El jefe de la diplomacia nicaragüense descartó el hecho de que Nicaragua no se haya adherido antes por presiones políticas o del Ejército de Nicaragua, y negó que existan presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para que el gobierno del presidente Enrique Bolaños acelere el proceso de adhesión a la CPI.
Paralelo a visualizar los cambios que hay que hacer en nuestra legislación, la Cancillería abrirá un proceso de consulta con su cuerpo asesor y el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), lo que no significa atrasar el proceso, informó Caldera.
El doctor Guerrero, ante esto, dijo que Nicaragua tiene que estudiar bien su adhesión a la CPI, porque esto va a involucrar una serie de reformas a las leyes actuales vigentes y de la actual Constitución, y, por otro lado, Nicaragua se sometería a nuevas obligaciones internacionales que emanan del Estatuto de Roma.
“Pero no hay que tener temor, Nicaragua puede esperar unos meses más su adhesión y ver, en la práctica, cómo funciona el tribunal, y con los resultados ver la conveniencia, que, a mi modo de pensar, Nicaragua ha sufrido en carne propia estos crímenes de guerra y tiene que tener una voluntad política firme para, no sólo prevenirlos, sino también sancionarlos y evitar impunidad de éstos”, explicó Guerrero.
“El Estatuto de Roma, para poder entrar al Derecho Interno, no debe chocar con la Constitución, porque si choca, la Asamblea Nacional lo va a rechazar, a no ser que Nicaragua esté dispuesta a reformar su Constitución adecuándola al Estatuto. Hay que hacer el estudio porque el Estatuto no admite reservas”, finalizó Guerrero.
«EL ARCA»
La Corte Penal Internacional (CPI) entró oficialmente en funciones en La Haya, Holanda, a partir del 1 de julio de este año, aunque su acto fundador fue la Conferencia de Roma celebrada en julio de 1998. Un total de 135 países firmaron el Estatuto de ese tribunal, hoy llamado Estatuto de Roma, y 76 de esos lo han ratificado.
La CPI es el primer tribunal con carácter permanente que se encargará de la represión de los crímenes de guerra. Ya empezó a trabajar con un pequeño equipo provisional de cuatro personas, quienes tendrán a su cargo recibir las quejas, los documentos y pruebas que deberán ser presentadas a la CPI para que las transmitan a un fiscal, el cual será elegido el próximo año.
Según el Estatuto de Roma, la CPI está autorizada para juzgar a personas (no Estados) por cuatro tipo de crímenes: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión, aunque este último debe aún ser definido por los Estados miembros.
Francia, Gran Bretaña y Alemania fueron los países que más exigieron su creación, y serán los que contribuyan con las más altas cotizaciones a su presupuesto, el cual debe ser aprobado por la Asamblea de Estados miembros de la CPI dentro de dos meses a más tardar.
La CPI realiza sus trabajos organizativos en las oficinas de un edificio de 14 pisos que ya ha sido bautizado como “El Arca”, por su disposición a recibir quejas sobre los criminales de todas las latitudes del mundo, incluyendo a los de Nicaragua.
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