Según la encuesta por medio de consultas telefónicas que hizo la firma M&R en 400 hogares nicaragüenses, la mayoría de los ciudadanos repudia las pensiones de gracia que reciben los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República que ejercieron esos cargos como resultado de elecciones.
Pero la disconformidad popular se concentra, según la encuesta de M&R, en las pensiones de ex vicepresidente que recibe el actual Presidente de la República, Enrique Bolaños, y las que cobran los ex presidentes Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, porque los tres siguen siendo funcionarios del Estado y devengando por eso cuantiosas remuneraciones. En cambio, las pensiones que reciben la ex presidenta Violeta Chamorro y los ex vicepresidentes Sergio Ramírez y Virgilio Godoy, no son mal vistas por la mayoría de los ciudadanos porque están retirados del oficio gubernamental.
Como se recordará, el viernes de la semana pasada LA PRENSA publicó en portada un cuadro en el que se dio a conocer que los ex presidentes Daniel Ortega, Violeta Barrios de Chamorro y Arnoldo Alemán, reciben del Estado una renta neta de 95,842 córdobas (unos 6,600 dólares estadounidenses al cambio actual), en tanto que los ex vicepresidentes Sergio Ramírez, Virgilio Godoy y Enrique Bolaños (éste de manera adicional a su sueldo de Presidente de la República), reciben mensualmente la suma neta de 80,539 córdobas, que equivale a unos 5,500 dólares.
De manera que el presidente Bolaños recibe un doble ingreso estatal (la pensión de ex vicepresidente y el sueldo de Presidente de la República), mientras que Arnoldo Alemán extrae mensualmente tres cuantiosos ingresos, pues además de la pensión de ex presidente retira dos sueldos mensuales de diputado (nacional y centroamericano) estimados cada uno en unos 5,000 dólares. Y Daniel Ortega chupa de la ubre del tesoro público, además de la pensión de ex presidente de más o menos 6,600 dólares, el sueldo básico de diputado a la Asamblea Nacional.
Es comprensible, pues, que la ciudadanía se muestre inconforme e inclusive indignada con esas jugosas pensiones que reciben los personajes mencionados, sobre todo los que siguen ejerciendo la función pública y cobrando caro por ésta, y también reciben la pensión vitalicia como si ya estuviesen retirados.
En realidad, la concesión de pensiones de gracia a ex presidentes y ex vicepresidentes, así como a otros ex funcionarios superiores del Estados (magistrados, e inclusive diputados cuando quedan inhabilitados físicamente estando en ejercicio de sus funciones), existe en todas partes del mundo. Además, lo que se cuestiona no es la pensión en sí misma pues se supone que ésta es un reconocimiento público a quienes prestaron servicios distinguidos e invalorables a la Patria o que no tienen otros medios de digna subsistencia, aunque, la verdad sea dicha, algunos ex presidentes en vez de recibir pensiones de gracia deberían estar en la cárcel, porque saquearon las arcas del Estado y atropellaron la honra de la República.
Lo malo, y por lo tanto lo que se critica, es el abuso, como son los casos mencionados de quienes están ejerciendo funciones gubernamentales magníficamente remuneradas y al mismo tiempo reciben cuantiosas pensiones de gracia. De manera que la Ley debería especificar que la pensión de gracia a los ex presidentes y ex vicepresidentes sólo se les debería otorgar cuando dejen de desempeñar cargos públicos y de recibir sueldos del Estado, así como también debe suprimirla a quienes renunciaron al cargo para el que fueron electos popularmente, a fin de aspirar a otro puesto público mejor remunerado, pues la renuncia voluntaria a la función debe implicar la renuncia también a los privilegios.
Se dice que la pensión de gracia que reciben los ex presidentes y ex vicepresidentes que se mantienen en el servicio estatal y reciben su jugoso sueldo correspondiente, está determinada por la Ley y por lo tanto no hay nada malo ni indecoroso en recibirla. Pero el hecho de que estén autorizadas por la Ley no significa que sean legítimas ni éticas. También las miles de propiedades piñateadas están protegidas por leyes que dictó el FSLN después de que perdió las elecciones de 1990, y que refrendaron los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro y Arnoldo Alemán, pero eso no las hace legítimas ni honestas.
