Carlos Cardenal
Cuando yo fustigo a los actores públicos de enriquecimiento ilícito y me adhiero con vehemencia a la campaña anticorrupción, aun a sabiendas que ello me traerá enemistad y quizás más de algún sinsabor, lo hago para poner al descubierto algo que ofende mi inteligencia de ciudadano consciente, haciendo ver que sólo el ejemplo moralizador de nuestros líderes, puede hacer que otros ciudadanos se comporten conforme al deber ser, o sea conforme a derecho y a la buena fe, que al final son los motores de una economía próspera y de un desarrollo económico seguro y sostenible.
Los negocios, en el mejor sentido de la palabra, en los Estados Unidos son a base de buena fe en el sector privado y de probidad en el sector público, aun los de Wall Street, donde se mueven trillones de dólares y, por si fuera poco, están supervisados con grandísimo celo —como muchos otros— por el Ministerio de Justicia de ese país. Los grupos mafiosos cada vez son menores, y con la ola antiterrorista prevaleciente están amenazados de extinción.
Al ser nuestras instituciones débiles, son los hombres al mando de los poderes públicos los que deben actuar correctamente, para que aquéllas se fortalezcan y no se establezca el caos paralizante en el que nos encontramos sumidos. En nuestro país, como en toda nación joven, vienen primero los hombres y luego las instituciones. El ejemplo es la norma a seguir y a imitar. Por eso me resulta absurdo que nuestros estadistas no respondan a la racionalidad del deber moral, cuyo incumplimiento trae, entre otras cosas, el deterioro de la imagen de nuestro país en el exterior y hace aparecer a los malos gobernantes como ignorantes de la posición que ocupamos en la integración progresiva del mundo moderno en que vivimos.
La Hacienda Pública convertida en hacienda privada es un fenómeno que hoy en día es anacrónico, repudiado por todo el mundo en el mismo instante que se produce, dados los medios de comunicación de que disponemos, y ningún hombre de Estado se escapa al rechazo de la opinión pública mundial por el grave perjuicio que se causa con semejante delito. Vemos cómo son condenados los Menem, los Collor de Melo, los Andrés Pérez, los Fujimori y otros de infame memoria, que sucumbieron a la tentación del enriquecimiento ilícito e irracional.
Con sobrada razón señala el profesor Porter, de la Universidad de Harvard, que Nicaragua se percibe actualmente en el extranjero como un país empeñado en combatir la corrupción. Esa es su tarjeta de presentación, lo cual le brinda un puesto digno, y un clima propicio para las negociaciones en que estamos empeñados para mejorar el panorama financiero, con los organismos internacionales. Son palpables las exigencias de esos organismos en cuanto a transparencia del manejo de los fondos obtenidos a través de préstamos, y no es soslayable el alivio que los gobiernos de países donantes han manifestado ante la posición férrea del gobernante actual, en la persecución y castigo de la corrupción.
Pero la lección más importante que podemos derivar de este regreso a la probidad y al accionar del juego limpio a Nicaragua, es la conveniencia incuestionable para el ciudadano común, para el hombre público y para el país en general, al establecerse relaciones de equidad entre todos los que componemos el tejido social de la nación, evitándose un resurgir de la lucha de clases y la eventual explosión de estallidos populares en el futuro, que ya hemos vivido con inolvidable amargura, en el pasado.
De esta manera se garantiza la distribución de la riqueza en forma justa y ordenada y se logra que los sectores más desfavorecidos de la población, alcancen un mínimo nivel de bienestar y la obtención de servicios básicos de salud, techo y educación, elementales derechos de una existencia digna.
El autor es lingüista.
