Noel Ramírez Sánchez*
Después de 5 años de haber ejercido la presidencia del Banco Central de Nicaragua y por lo tanto, haber sido el responsable de la política monetaria y cambiaria del país y después de 3 meses de haber cesado en mis funciones, he creído conveniente compartir con el pueblo nicaragüense mi autoevaluación, posiblemente sesgada a pesar del esfuerzo de ser objetivo, con la misma. Ello será de utilidad a las actuales y futuras autoridades monetarias al identificar los aciertos y errores que pudiéramos haber cometido.
Antes de entrar en detalle, es importante señalar que, a pesar del entorno adverso que tuvimos que enfrentar —sequías, huracanes, quiebras bancarias, la caída del precio del café y un proceso electoral que generó una gran inestabilidad a nivel nacional—logramos mantener la estabilidad financiera que es la razón de ser del Banco Central de Nicaragua. Asimismo, es importante señalar que el nivel de reservas con que concluyó el período, le permitirá a las nuevas autoridades negociar un nuevo acuerdo con el FMI a lo largo del presente año, sin poner en peligro la estabilidad cambiaria.
Primero: al recibir el Banco Central, la inflación estaba controlada y la emisión de “Ceni”, cuya tasa era cercana a un 20 por ciento, era de unos US$40.0 millones de dólares. Sin embargo, la decisión de indemnizar a los confiscados por medio de la generación de deuda interna ya se había tomado para garantizar la transición política hacia la democracia, las reservas internacionales netas ajustadas (las famosas “Rinas”, que como repito sólo se utilizan para las metas que se negocian entre Nicaragua y el FMI), eran negativas en unos US$90.0 millones de dólares y el servicio de la deuda externa era el 40 por ciento de las exportaciones. Asimismo, desde un año atrás, no había acuerdo con el FMI y se recibió un presupuesto parcialmente desfinanciado; sin embargo, como siempre digo, era simplemente un “presupuesto”, es decir, que actuando rápido se podían tomar medidas correctivas, especialmente en lo relativo al gasto público.
Segundo: durante los primeros meses y para mantener un nivel adecuado de reservas, mientras entraba en vigencia la “Ley de justicia tributaria y comercial” y se llegaba a un acuerdo con el FMI, aprovechando la repatriación de capital que se estaba produciendo debido al triunfo de la democracia en las elecciones presidenciales, decidimos incrementar la colocación de Ceni hasta un monto cercano a los US$300.0 millones de dólares. Ello nos permitió mantener la estabilidad cambiaria durante este período inicial.
Tercero: aprobada la “Ley de justicia tributaria y comercial”, controlado el crecimiento del gasto público y suscrito el acuerdo con el FMI, no sólo empezamos a reducir la tasa de los Ceni, que llegó a ser inferior al 10 por ciento, sino que también se redujo el saldo de los mismos, prácticamente eliminándose sus colocaciones, reinyectándole a la economía nacional un monto importante de liquidez, que incrementó la disponibilidad de crédito al sector privado y redujo las tasa de interés en el mercado financiero. Además, simultáneamente estábamos incrementando los niveles de reservas internacionales, lo que también nos permitió iniciar la reducción del deslizamiento del córdoba del 12 al 6 por ciento anual. Todo se encaminaba en la dirección correcta.
Cuarto: luego vino el huracán “Mitch” y, debido a la buena gestión macroeconómica, obtuvimos el respaldo de la comunidad internacional para reconstruir el país sin crear nuevos impuestos, sin inflación y sin reducir las reservas internacionales. Hicimos del “Mitch” una oportunidad. Naturalmente que el programa de reconstrucción incrementó sustancialmente el gasto de inversión pública y por lo tanto, el déficit fiscal y el déficit comercial. Sin embargo, esos déficit estaban totalmente financiados con recursos externos concesionales.
Quinto: luego vinieron las quiebras bancarias y el Estado tomó la decisión, a mi juicio correcta, de proteger a los ahorrantes y así salvar al sistema económico y político del país. Si el gobierno no hubiese actuado como lo hizo, hoy en Nicaragua estuviésemos enfrentando una crisis económica, social y política peor a la que desde hace meses está enfrentando Argentina. Sin embargo y a pesar de la actuación del gobierno, no sólo se dio un reacomodo de los depósitos entre los bancos, sino que también se dio una fuga de capitales.
Sexto: luego vino la caída del precio del café y el proceso electoral que generó una gran incertidumbre a nivel nacional, agravando la fuga de capitales y provocando un enfriamiento en el ritmo de crecimiento de la actividad económica y provocando que ciertas privatizaciones que vendrían a fortalecer el nivel de reservas internacionales, se tuviesen que posponer. Este entorno, más el costo monetario del proceso electoral, contribuyeron, en parte, a que el Gobierno Central no pudiese cumplir con las metas fiscales del programa interino suscrito con el FMI.
Séptimo: ante esa situación, el Banco Central para garantizar la estabilidad financiera del país y salvaguardar el proceso electoral, impulsó, incluso en un año electoral, un nuevo acuerdo con el FMI, recomendó al gobierno una sub ejecución presupuestaria, incrementó los encajes legales y recurrió a la emisión de Ceni con el fin de mantener un nivel adecuado de reservas, que incluso le permitiera al nuevo gobierno negociar durante su primer año un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual mantendrá el nivel de cooperación internacional que Nicaragua todavía necesita. Sin embargo, es interesante señalar que, a medida que nos acercábamos al día de las elecciones esta tarea era cada vez más difícil para el Banco Central, ya que la fuga crecía y las colocaciones de Ceni eran de cortísimo plazo y a tasas del 20 por ciento o más. Afortunadamente prevaleció el escenario en el que triunfó la democracia y la incertidumbre empezó a disminuir paulatinamente, el capital empezó a regresar y las tasas de los Ceni empezaron a bajar. De esta forma logramos concluir nuestras responsabilidades en el Banco Central manteniendo la estabilidad financiera, a pesar de todo lo que tuvimos que enfrentar durante los últimos dos años y medio de gobierno y como ya lo hemos señalado, al finalizar el año, el nivel de reservas internacionales brutas (RIB) estaba cercano a los US$400.0 millones de dólares y las reservas internacionales netas (RIN) estaban alrededor de los US$150.0 millones de dólares. Finalmente, también es importante señalar que estos resultados fueron posibles debido a que el gobierno accedió, al 31 de diciembre, a cancelar totalmente el crédito temporal que por concepto de liquidez había, de acuerdo a ley, solicitado y recibido del banco central.
Octavo: para concluir deseo referirme al tema de la “deuda interna”, que es un tema importante que debe ser abordado por el actual gobierno. Con respecto al mismo, es necesario que el pueblo nicaragüense comprenda que sus dos causas fundamentales son: primera, el costo de las confiscaciones realizadas durante los años 80 (US$800 millones de dólares aproximadamente) y segunda, el costo de las quiebras bancarias (cerca de US$300 millones de dólares). El resto, que es la menor parte, podría decirse que esta vinculado la fuga de capitales y al incumplimiento de las metas fiscales, que incluyen las privatizaciones que no se pudieron realizar.
Éste es mi análisis, con el cual no todos estarán de acuerdo, pero que creo es mi responsabilidad compartirlo con ustedes. Así mismo, creo que sería sumamente valioso que analistas políticos, económicos o sociales compartieran con el pueblo nicaragüense sus reacciones y nos dijeran que hubieran hecho diferente ante estas situaciones, como presidentes del Banco Central de Nicaragua.
El autor es ex presidente del Banco Central de Nicaragua.