La ausencia del ex presidente Arnoldo Alemán en la presentación del informe sobre los primeros 100 días de gobierno del Presidente Enrique Bolaños, el domingo pasado, llamó la atención de la opinión pública nacional y de los observadores internacionales tanto como el contenido del mensaje presidencial.
Pero la ausencia de Alemán en dicho evento es comprensible, porque seguramente sabía que el Presidente Bolaños haría revelaciones comprometedoras para el gobierno anterior. Además, Alemán es consciente de la dudosa legitimidad de la presidencia de la Asamblea Nacional que él ejerce, ya que su diputación no resultó de una elección popular conforme manda la Constitución y establece el principio esencial de la representación parlamentaria, sino que fue producto de una concesión del FSLN por el pacto de 1999 y la reforma constitucional partidista del 2000.
Por otro lado, la ausencia de Alemán del evento presidencial del domingo pasado no hay que entenderla sólo como una falta de cortesía hacia el Presidente de la República, ni como una forma de evitar la vergüenza de escuchar las imputaciones de corrupción, sin tener posibilidad de réplica. También es una amenaza contra los proyectos gubernamentales que anunció el Presidente Enrique Bolaños, sobre todo los acuerdos con los organismos financieros internacionales que necesitan el consenso nacional y los votos parlamentarios que en su mayoría están controlados por el señor Arnoldo Alemán.
En realidad, para poder encarar de la mejor manera posible los complejos retos de sacar al país de la bancarrota económica, administrativa y moral en que dejó al país el gobierno anterior —que se suma a los lastres que arrastra Nicaragua desde las épocas del somocismo y el sandinismo—, el Presidente Bolaños necesita el apoyo de la Asamblea Nacional y ante todo de los diputados de su propio partido. Sin embargo, la mayoría de éstos ha cerrado filas con el ex presidente Alemán debido a que el gobierno lo ha señalado, aunque sea de manera indirecta, como causante y beneficiario principal de la devastadora corrupción que hubo en el gobierno anterior.
Precisamente en el informe a la nación que presentó el Presidente Enrique Bolaños el domingo recién pasado, se señaló el terrible daño que la corrupción le ha causado a la nación; los miles de millones de córdobas perdidos por las quiebras fraudulentas de los bancos y por el despiadado saqueo del botín del Estado; el aumento de la deuda externa y la acumulación de una gigantesca deuda interna, para financiar unas cuantas obras que se hicieron a precio de oro y con las cuales se encubría la corrupción. Y además, el Estado dejó de percibir cuantiosos recursos financieros externos debido al incumplimiento de acuerdos con los organismos financieros internacionales (por ejemplo, la reforma atropellada que el gobierno anterior hizo a la ley para imponer a Martín Aguado como Superintendente de Pensiones).
De manera que ahora el Presidente Bolaños tiene que lidiar con sus propios correligionarios, que están molestos por las denuncias de la corrupción y se sienten afectados por la campaña de saneamiento moral de las instituciones que promueve el actual gobierno, al extremo de que para obligarlo a negociar el cese de las acusaciones contra los corruptos, éstos llegan al extremo de presentar iniciativas de ley contra los intereses nacionales como es la de suprimir el arancel del azúcar, que destruiría la industria azucarera nacional.
Pero al parecer no es probable que Bolaños se deje intimidar por los corruptos, que no tienen el gran apoyo popular que ellos dicen tener, ni siquiera de todas las bases del PLC. Por el contrario, el Presidente Bolaños cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y además sí podría recibir un masivo apoyo de la población, si es que lo pide para cumplir lo que él llamó su “compromiso indeclinable de luchar contra la corrupción”.
En cuanto a la ausencia de los obispos católicos en el evento presidencial del domingo pasado, nuestra opinión es que el distanciamiento de la jerarquía católica de los actos gubernamentales y políticos es mejor para los intereses nacionales, y para la misma Iglesia Católica que debe cumplir el mandato evangélico de dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
