El Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Alejandro Fiallos, dijo (en un programa de opiniones del Canal 8 de TV) que uno de los principales logros del Gobierno actual es que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación. A juzgar por esa valoración del funcionario encargado de la comunicación gubernamental, es obvio que no se entiende bien el rol de la prensa en la sociedad, y se sigue creyendo que los periodistas tienen que definirse ante el gobierno como partidarios u opositores.
Sin dudas que las relaciones entre el Gobierno y la prensa han mejorado notablemente en la actual Administración Pública. Pero el cambio positivo que han experimentado esas relaciones no es porque ahora los periodistas apoyan a los gobernantes, y antes lo atacaban, sino porque hay una actitud respetuosa del Gobierno hacia los medios, a pesar de que todavía no se aprueba la ley de libre acceso de los ciudadanos en general y de los periodistas en particular, a las informaciones de interés público.
Los medios de información no pueden ni deben funcionar como si fueran agencias de publicidad del gobierno, ni instrumentos de propaganda de los políticos, sin perjuicio de que siempre hay algún periodismo partidista, así como periodistas venales que a cambio de una paga buena o mala distorsionan la información con publicidad del gobierno y propaganda de los gobernantes.
La prensa y los periodistas verdaderamente independientes no pueden ser partidarios ni opositores del gobierno, porque si lo fueran perderían la confianza y la credibilidad del público que se funda en la imparcialidad política, la defensa de la justicia, la ética profesional, la fiscalización honesta de la administración pública, la denuncia fundada de actos de corrupción y otros abusos de poder, el pluralismo informativo, la exactitud de las informaciones, la búsqueda de la verdad y el respeto a la dignidad de la persona humana.
Por supuesto que la práctica de los principios de profesionalismo informativo, que en el caso de LA PRENSA están plasmados en su Código de Ética y Manual de Estilo, no evitan cometer errores e inclusive abusos en la búsqueda y presentación de la información.
Hace unos días publicamos en la página de Opinión de LA PRENSA un artículo (“El periodismo debe respetar la Ética”, martes 9 de abril de 2002) de una profesional del derecho que critica la prepotencia de periodistas que cubren la actividad judicial en Managua. “Los periodistas se ponen de bandera el derecho constitucional de libertad de expresión e información para atentar contra los derechos de los demás”, asegura la jurista, cuya crítica debe ser atendida por los profesionales de la información. Uno de esos casos es el de un ex funcionario del gobierno anterior que compareció ante el juzgado para declarar como testigo en el caso del Canal 6 de Televisión, y al salir fue acosado por los periodistas que lo obligaron a huir saltando obstáculos, ante la burla de sus perseguidores. Por muy importante que sea la información que se quiera obtener, los periodistas deben respetar el derecho de la persona a no dar declaraciones, si es que no las quiere dar.
Como hemos dicho en otras ocasiones, la autocrítica perfecciona el ejercicio de cualquier profesión, incluyendo al periodismo. Por eso es que los periodistas verdaderamente profesionales consideran que es un deber primordial revisar su propio comportamiento, y reconocer con franqueza y valentía sus equivocaciones mediante un permanente autoexamen de conciencia. Los periodistas independientes fiscalizan la administración pública y vigilan los intereses de la nación, pero eso los obliga a actuar con la convicción de que Nicaragua será un mejor país sólo en la medida en que todos, cada quien en su campo, nos examinemos a nosotros mismos y asumamos la responsabilidad grande o pequeña que nos corresponde por nuestros actos.
Lo cual no significa, por supuesto, aceptar el criterio de que los medios deben abstenerse de publicar noticias desagradables, de que los periodistas son los culpables de los escándalos de corrupción y no los ladrones, y de que los conflictos sociales no son reales sino “mediáticos”, o sea, inventados por los medios. Pues, con semejantes argumentos lo que se pretende es restringir la libertad de información.
