Arturo Wallace-Salinas [email protected]
Más que llorar acríticamente el cierre temporal de Canal 6, o sumarse a la celebración sugerida por el diario LA PRENSA en su editorial del día 12 de abril, se hace necesario replantear el debate en torno al futuro de la televisión pública en nuestro país. Es un debate obligatorio. Porque más allá del compromiso del Ejecutivo de reactivar al Canal 6, esta vez reconvertido en un medio eminentemente educativo, el futuro del canal estatal no está exento de riesgos ni de polémica. Entre otras cosas, porque como bien señala LA PRENSA en el editorial en mención, la deuda que justificó su cierre es apenas un problema puntual dentro de una extensa lista de cuestionamientos.
La mayor parte de estos cuestionamientos tienen que ver con el concepto mismo de un medio de comunicación controlado por el Ejecutivo. Y seguramente adquieren especial resonancia en el contexto de una débil institucionalidad, que fomenta la supeditación de los medios públicos a intereses particulares. Sin embargo, conviene recordar que existe una profunda diferencia entre los conceptos “estatal” y “público”. Mientras que el primero remite a un régimen de propiedad y control, del que se derivan obvias limitaciones, el segundo refiere a un sentido, una vocación, un propósito. Se trata, por un lado, de un propósito que puede ser servido bajo diferentes arreglos organizacionales, y no sólo bajo el control exclusivo del Estado o del gobierno. Pero se trata, además, de una vocación que se hace cada vez más urgente reivindicar. En especial en la medida en que va quedando claro que la comunicación es cada día más importante para el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.
La necesidad de garantizar una pluralidad de voces que no esté limitada por los intereses del Estado, pero tampoco por la lógica comercial que condiciona a nuestro sistema radial y televisivo, es fundamental para una verdadera democracia. Muchos sujetos, temas y opiniones no son sexy ni telegénicos, o bien carecen de viabilidad comercial. Pero no por ello son menos importantes. Está en la naturaleza de un canal público garantizarles un lugar y cierta resonancia dentro de una esfera pública que prefigure a la totalidad de la nación.
La posibilidad de lograr este objetivo con altísimos niveles de calidad ha sido confirmada por los sistemas de radio y televisión pública de Europa, Japón, y los mismos Estados Unidos. Estas experiencias también demuestran que una programación “de calidad” no necesariamente carece de atractivos para amplios sectores de la audiencia; así como que es posible ser un medio público y actuar con plena independencia del gobierno. El más evidente de estos ejemplos probablemente sea la BBC. Reconocida internacionalmente como un baluarte de los más altos estándares de calidad y objetividad, la independencia de la BBC también la ha colocado muchas veces en curso de colisión con el gobierno inglés, hasta el punto que Churchill llegó incluso a referirse a ella como “el enemigo interno”.
La independencia, pluralidad, y calidad, de éste y otros sistemas de radio-televisión pública está fundamentada en los arreglos institucionales bajo los cuales éstos operan. La mayoría goza de un altísimo nivel de autonomía, tanto en lo que se refiere a su relación con el Estado como a la posible presión de intereses comerciales. Esta autonomía no sólo es operativa sino también financiera ya que, como todos sabemos, quien pone la plata, platica. En el caso británico, la casi totalidad de los dueños de un aparato de televisión están obligados a pagar una licencia anual, que es la única fuente de financiamiento de la televisión pública. Esta no transmite anuncios comerciales. De esta manera, se garantiza que su única lealtad sea para con sus televidentes.
La audiencia está protegida además por un conjunto de obligaciones positivas que comprometen a estas televisoras a ofrecer una programación plural, amplia, al servicio de los intereses de la mayoría pero comprometida también con la visibilización de las minorías. La definición de este tipo de obligaciones, junto al cobro de un impuesto especial sobre los anuncios pautados por la televisión comercial, también es empleada para garantizar el funcionamiento de otros canales dedicados a alimentar la pluralidad y la creatividad, en el marco de un sistema normativo donde el espectro radioeléctrico todavía es concebido como un bien escaso, de carácter público, cuyo usufructo conlleva obligaciones para con “el bien común”.
Obviamente, la aplicación de mecanismos regulatorios o de financiamiento semejantes requiere de una cuidadosa adecuación para poder aplicarse a una realidad como la de Nicaragua. Más todavía en la medida que la debilidad de nuestras instituciones las hace susceptibles al abuso, como ocurrió con el Canal 6. Pero ante la promesa, varias veces repetida, de una nueva era, tal vez convenga rescatar nuestra capacidad para soñar y reinventar. Después de todo, una televisión verdaderamente pública que no reniegue de su dimensión política, es indispensable para la construcción de un verdadero proyecto de nación.
El autor es catedrático y director de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana, UCA.
