Freddy Potoy [email protected]
A momentos tengo la impresión de que estoy en México siguiendo paso a paso uno de los incontables escándalos de corrupción del gobierno azteca en tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero el caso de corrupción en el Canal 6 ocurre en Nicaragua. A la administración del ex mandatario Arnoldo Alemán no le fue indiferente el estilo de corrupción mexicana que combinó con la de su propia cosecha. Prueba de ello es que dos mexicanos muy hábiles son acusados de fraude al Estado: Alejandro López Toledo y el ex embajador de México en Nicaragua, Ricardo Galán.
Parece que ambos eran tan ordenados, que hasta los detalles más pequeños de sus “negocios” tenían anotados o archivados en un CPU.
Ahora, seguramente, los abogados defensores en el caso del Canal 6 esgrimirán que las correspondencias encontradas en el CPU del mexicano López Toledo no constituyen prueba documental indiscutible en este juicio por fraude al Estado.
Es lógico pensar que los defensores dirán que esa información encontrada en el CPU de López Toledo es inventada, está alterada, o que los agentes de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) acostumbran a prefabricar pruebas en abierta violación a los Derechos Humanos de las personas. Quizás estos argumentos y otros pueden ser utilizados por la defensa contra los elementos que ha presentado el procurador especial Alberto Novoa Espinoza.
Pero más allá de esos formalismos legales que los abogados acomodan según la acera donde estén ubicados (defensores, acusadores, procuradores, fiscales o jueces), lo cierto es que hay una serie de hechos vinculantes entre el ex presidente Alemán y los mexicanos López Toledo y Galán, que evidencian una clara colusión entre ellos para hacer negocios personales amparados en los cargos que tenían cada uno. Pretendían arrasar con el sistema de telecomunicaciones y los canales de televisión de Nicaragua.
Técnicamente, la juez segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, debe nombrar peritos informáticos que revisen y analicen el contenido de esa información y que indiquen si la misma pertenece o no a los mexicanos, y si fue alterada o no.
La juez Pérez debe basarse en el sistema de libre valoración de la prueba que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La corrupción de Alemán y sus allegados cada día es más evidente. La sociedad civil debe presionar más para que se haga justicia y no dejar en la impunidad el robo de los bienes del Estados.
La ciudadanía debe estar clara que los diputados del PLC ahora se oponen al gobierno liberal, sólo porque se quiere hacer prevalecer la justicia. Eso no es correcto. Ahora Alemán y su gente se esconden en los hábitos de la Iglesia Católica para no responder ante la nación y las leyes de la República.
Alemán, sus allegados y cuantos funcionaros de los distintos poderes del Estados (ya sean ministros o magistrados) resulten implicados en actos de corrupción, deben ser destituidos, despojados de su inmunidad y procesados por infringir la ley.
