El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandro Fiallos, anunció esta semana el cierre por un lapso de tres meses del estatal Canal 6 de Televisión, que fue quebrado por una mortífera combinación de corrupción, incapacidad administrativa y mala programación. Y según explicó el funcionario, dicho medio estatal de comunicación se volverá a abrir bajo un nuevo concepto de televisión educativa y cultural.
Pero el cierre del Canal 6 no debería ser sólo por tres meses, sino de manera definitiva. La verdad es que no hay ninguna posibilidad de resucitar a esa empresa estatal, ni siquiera con una inyección de recursos económicos millonaria, que además no tiene el Gobierno, y que la empresa privada y la comunidad internacional no van a facilitar.
Lo cierto es que la quiebra del Canal 6 de Televisión no se debe únicamente a un problema coyuntural, o sea al fraude millonario que fue denunciado por el actual Gobierno y en el que está involucrado el ex presidente Arnoldo Alemán. Este fraude fue sólo la mortal culminación de un proceso que comenzó a principios de 1990, cuando el Canal 6 fue prácticamente desmantelado por el régimen sandinista que abandonaba el poder. Desde entonces la televisión estatal no levantó cabeza, en parte porque las asignaciones presupuestarias fueron menos que sus necesidades básicas, pero también porque los gobiernos anteriores quisieron tenerlo como un instrumento gratuito o barato de propaganda.
Por eso fue que los gobernantes anteriores no aceptaron la propuesta de transformar el Canal 6 de Televisión en una corporación autónoma de derecho público integrada por representantes de los diversos estamentos políticos, gremiales, religiosos y culturales de la sociedad, designados democráticamente, como en Alemania, donde la televisión pública no es controlada por el gobierno ni por los partidos, sino por un cuerpo democrático en el que los representantes políticos sólo participan como otros miembros más.
Por otro lado, el contrasentido de retener al Canal 6 como un medio gubernamental, pero al mismo tiempo de interés comercial, tenía que fracasar irremediablemente porque en su administración no se aplicaron criterios de eficiencia e integridad. Y además, porque sólo una rala audiencia es la que acompaña a los medios de comunicación oficialistas, y por lo tanto, la empresa privada no malgasta su dinero en pautas publicitarias para medios que casi nadie lee, escucha o mira. Eso precisamente fue lo que ocurrió con el Canal 6, que quebró por las enormes deudas que contrajo mientras cedía espacios “privados” con tarifas irrisorias para transmitir programas que al mismo tiempo eran subvencionados por otras empresas e instituciones estatales.
En todo caso, no se debe perder de vista que el sano propósito que podría animar al actual Gobierno para hacer de la televisión estatal un instrumento verdaderamente informativo, cultural y de sano entretenimiento para la población, se confundiría inevitablemente con el interés real que tienen los políticos gobernantes de contar con medios gratuitos para exaltar sus figuras y hacer propaganda a sus actividades, lo que conduce a la manipulación de la información y de la comunicación.
La verdad es que salvo muy honrosas excepciones, en todos los países del mundo las televisoras públicas y estatales han funcionado o funcionan con criterios partidistas y personalistas, sus programas son impregnados de servilismo y financiados con los presupuestos estatales y las subvenciones de los gobiernos, así como con alguna publicidad privada que determinados empresarios les conceden sólo para “estar bien” con los que mandan.
Está bien, pues, que el Gobierno haya cerrado el estatal Canal 6 de Televisión, pero haría muy mal si lo reabriera, aunque fuera con la mejor de las intenciones. La verdad es que por muy lamentable que sea el hecho de que el Estado pierda su único instrumento televisivo de comunicación, lo mejor para el interés nacional es cerrar definitivamente el Canal 6, porque, finalmente, si bien es cierto que el Gobierno está dirigido ahora por personas honestas, nadie garantiza que dentro de algún tiempo no vuelva a caer en manos de los malandrines. Y, por lo tanto, la empresa estatal de televisión volvería a ser dominada por la incapacidad, la mediocridad cultural, el servilismo político y la corrupción.
