Mario Quintana F.*
El Gobierno de Nicaragua ha comenzado a negociar e implementar un nuevo programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional para los próximos tres años, que se espera esté listo a mediados de año.
Nicaragua ha estado sometida a ajustes económicos desde finales de los 80. Y siempre ha tocado a los más desfavorecidos apretarse cada vez más la faja. Desde entonces se ha reducido considerablemente el número de empleados públicos; se han privatizado empresas en manos del Estado, incluso las eficientes y rentables, vendidas a precio de guate mojado y con olor a corrupción, y una de sus consecuencias ha sido el incremento de tarifas de los servicios públicos; se han incrementado impuestos, aunque en la estructura tributaria actual, solamente un 14.4 por ciento de los impuestos son directos, el resto corresponde a impuestos indirectos, de donde se deduce que la principal carga de los ingresos descansa en los consumidores y sobre todo en las personas de más escasos recursos; y el congelamiento de salarios, entre otros.
La consigna ha sido menos gastos y más ingresos. La pregunta obligada es si después de todos estos programas de ajuste existen más o menos pobres, si hay un mayor o menor porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes estudiando, si hay un mayor o menor número de analfabetas, si la mortalidad infantil ha crecido o disminuido, si hay mayor o menor actividad económica, si ha crecido o disminuido el déficit comercial, si hay más o menos fuentes de empleo. Si la brecha entre ricos y pobres es mayor o menor.
Nicaragua debe tener una práctica responsable de sus finanzas, pero la misma debe tocar también los salarios de los más favorecidos: ministros, diputados y magistrados. Eliminar los sobresueldos camuflados bajo el eufemismo de dietas y estipendios. Incluso revisar el número de ellos para reducirlos al mínimo indispensable. Eliminar libres y exoneraciones que éstos y sus amigos tienen. Establecer prioridades. Es obvio que el problema no se resuelve con estas medidas, por ello sigue siendo indispensable elaborar, con amplio consenso nacional, y poner en marcha, el famoso plan nacional de desarrollo, del cual todos hablan, pero que a la fecha no existe.
Es claro que la situación económica del país es difícil y que es una responsabilidad de todos encontrarle una salida a la crisis, por ello es necesario involucrarnos activa y responsablemente en la construcción de soluciones y en la asunción de responsabilidades.
El 10 de octubre del año pasado, en actividad desarrollada por la Coordinadora Civil con los candidatos a la Presidencia de la República, el ingeniero Bolaños se comprometió “a buscar el consenso necesario, para que tomando una posición de país, las organizaciones civiles me acompañen ante las instituciones financieras internacionales para las negociaciones e incidir en la implementación de las medidas de ajuste estructural”. Y agregó: “Juntos Gobierno y Sociedad Civil, debemos tomar una posición de nación con la finalidad de lograr mejores resultados y beneficios en las negociaciones”.
Como en el combate a fondo contra la corrupción que apenas inicia, en este otro tema, es tiempo de actuar, tanto del gobierno, como de los diversos sectores de la Sociedad Civil.
* El autor es miembro de la Coordinadora Civil.
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