David Blanco BonillaEFE
LIMA.- Los peruanos recordaron ayer el décimo aniversario del golpe de Estado que permitió al ex presidente Alberto Fujimori, refugiado en Japón, iniciar un régimen autoritario que se derrumbó en 2000 en medio de denuncias de corrupción generalizada.
El cinco de abril de 1992, Fujimori, un ingeniero hijo de japoneses que llegó en 1990 al poder tras derrotar en elecciones democráticas al laureado escritor Mario Vargas Llosa, cerró el Congreso y asumió poderes plenos con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El entonces presidente anuló la Constitución de 1979 e instauró un régimen con él como cabeza de un “triunvirato” de hecho, que completaron el jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos y el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.
Nadie pudo suponer entonces que Hermoza y Montesinos terminarían una década después en prisión, acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico, ni que Fujimori se refugiaría en la nacionalidad de sus padres para intentar escapar a los requerimientos de la justicia peruana.
AFUERA Y ADENTRO
Tras el golpe, la comunidad internacional condenó la quiebra del régimen democrático, aunque el apoyo mayoritario de la población, y la necesidad de afianzar la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, acabaron rápidamente con las críticas.
Fujimori contó, para esto, con el respaldo del 80 por ciento de sus compatriotas, a los que prometió acabar con los desprestigiados políticos “tradicionales”, la corrupción enquistada en el Estado y los grupos terroristas que amenazaban con llevar al país a la anarquía.
Paradójicamente, esos mismos males que anunció combatir con firmeza determinaron el fin de su régimen en noviembre de 2000, tras confirmarse que la corrupción se convirtió durante su gobierno en una virtual política de Estado manejada por Montesinos.
En 1992, las presiones internacionales hicieron que Fujimori abandonara su intención de instaurar un gobierno de “Reconstrucción Nacional” y convocara la elección de un Congreso Constituyente Democrático (CCD), que fue elegido el 22 de noviembre del mismo año.
A FAVOR Y EN CONTRA
El economista Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), señaló que por entonces existieron dos tipos de actores en el golpe, unos que planearon el hecho y aquellos, donde dijo encontrarse, que lo “desarmaron”.
El economista reveló que tres semanas después de ocurrido el golpe le solicitaron su apoyo “para encontrar una salida” a la crisis, que se podía generar en el contraste entre el apoyo de los peruanos y las presiones del exterior para que se retomara la democracia, por lo que propuso el Congreso Constituyente.
Los analistas señalan, empero, que Fujmori usó ese Congreso para establecer una “dictadura enmascarada” que respetó en apariencia los principios democráticos, pero adecuó la nueva Constitución para “perpetuarse” en el poder, con una mayoría en el Congreso que aprobó leyes consideradas anticonstitucionales.
En concordancia con esa opinión, Fujimori no convocó a nuevas elecciones presidenciales tras promulgar la Constitución de 1993, sino que continuó en el poder hasta 1995, cuando fue reelegido para otros cinco años en el poder y, posteriormente, en 2000 para un tercer período después de “interpretar” la Carta Magna y en medio de denuncias de fraude.
El congresista Aurelio Pastor, integrante de una subcomisión parlamentaria que investiga actualmente el suceso, afirmó que los peruanos deben revisar “el hecho y sancionar por primera vez en la historia a los que participaron en él para que quede claro que la Constitución se respeta y que no debe haber otro golpe”.
