- Sólo liberales se oponen
William Briones Loáisiga y Alfonso García [email protected]
Mucha controversia provocó entre los legisladores la supuesta condición impuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Estado nicaragüense, de aprobar 30 millones de dólares para la Superintendencia de Pensiones (SIP) siempre que destituyan a Martín Aguado, superintendente desde hace seis meses.
Los sandinistas recuerdan que, en su momento, se opusieron a esta elección. El único parlamentario conservador rechazó las presiones externas, y los liberales defendieron la legalidad de dicha elección.
“Nos opusimos a la candidatura de Martín Aguado porque fue señalado por problemas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el préstamo de 30 millones que se hizo él mismo del INSS para pasarlo a la SIP. Después él pasó a ser superintendente, lo que crea un conflicto de intereses que no convienen ni le agradan a los organismos donantes”, expresó Wálmaro Gutiérrez, del FSLN.
Consideró que los organismos internacionales están en el derecho de condicionar la asistencia ante la evidencia de supuestos conflictos de intereses. “Por sanidad de la nación y para evitar que se obstruya el ingreso de recursos, Aguado debería deponer su cargo. Nosotros nunca creímos en la idoneidad de Aguado y, además, si representa un obstáculo para el ingreso de recursos al país y para mejorar el sistema de pensiones, hay que sustituirlo”, insistió.
Jorge Matamoros, diputado de la Bancada Azul y Blanco, dijo que ante este tipo de condiciones, los legisladores tendrían que decidir si destituyen o no a Aguado, aunque reivindicó la independencia del Legislativo nicaragüense.
“Son cuestiones internas de Nicaragua. El hecho que alguna persona pueda no parecernos, porque personalmente creo que él (Aguado) no debía ser el Superintendente de Pensiones, de ninguna manera debería ser la posición que el BID está tomando”, comentó.
“Es vergonzoso que nos pongan en esas condiciones y tener que discutirlo, en todo caso debería enviársele un mensaje al BID y hacerle ver que no es la manera que se hacen las cosas, porque de lo contrario, estarán tomando la posición de los diputados”, dijo.
Noel Ramírez, del PLC, dijo no conocer que exista una solicitud para destituir a Aguado. “Martín Aguado fue nombrado por el Parlamento de acuerdo a las leyes nicaragüenses. Tendría que haber una causal específica para que sea destituido”, dijo.
En cuanto a supuestas anomalías cometidas por el Superintendente de Pensiones, en su gestión como Presidente del INSS, Ramírez dijo estar en desacuerdo con la inmunidad, aunque destacó que “las personas son inocentes hasta que una autoridad competente les demuestra lo contrario”.
