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El día miércoles 20 de febrero del presente año, se publicó en las páginas de Opinión Económica de LA PRENSA, un artículo referente al tema de la pobreza. En dicho artículo se argumentaba en su parte principal, que la pobreza tiene su origen en la desigual distribución del ingreso, y, dejaba implícito el hecho, de que para el caso de Nicaragua, una distribución más justa del ingreso solucionaría el problema de la pobreza.
Según los estudios que se han publicado sobre el tema de la pobreza, una persona se considera pobre si su nivel de gasto per cápita diario mínimo para cubrir requerimientos calóricos, vivienda, vestuario y transporte, es de menos de US$2 diario. La pobreza extrema se define como el nivel de gasto per cápita diario para cubrir requerimientos calóricos mínimos de menos de US$1 diario. Definida así la línea de la pobreza y suponiendo que el PIB es una variable bastante aproximada al flujo de ingresos corrientes que recibe nuestra economía en un año, el argumento planteado es falso.
Si tomamos el PIB per cápita en dólares a precios corrientes, tenemos que éste se ubica cerca de los US$ 500 anuales, lo cual equivale a una cantidad de US$1.40 diarios por persona. Entonces, si suponemos que pudiéramos distribuir el PIB en la misma proporción para cada persona, lo más que podríamos hacer es redistribuir US$1.40 diarios por persona, con lo cual toda la población sería pobre, pero nadie extremadamente pobre. El 19 por ciento de la población que actualmente vive en extrema pobreza pasaría a ser menos pobre y los que antes no eran pobres (34 por ciento de la población) pasarían a ser pobres. Claro que el PIB no representa una medida exacta del Ingreso Nacional Disponible, que es la cantidad máxima de la que dispone la economía para gastar, sin embargo, es un indicador bastante aproximado. Como podemos comprobar, redistribuir nuestros ingresos no es suficiente para eliminar la pobreza; es más, me atrevería a decir que si se pudieran redistribuir los ingresos de la manera planteada, incluso aquellos que tuvieran una mejoría en el corto plazo, se verían afectados en el largo plazo por los efectos adversos que ocasionaría en la economía tal medida. La razón es que al expropiar a los trabajadores y los empresarios —según nuestro ejemplo—, los ingresos diarios excedentes sobre los US$1.40, mataríamos los incentivos del trabajo tesonero y la iniciativa empresarial, quitándole a nuestra economía el motor impulsor de su crecimiento presente y futuro, empeorando la situación de todos en el largo plazo.
No podemos pensar que toda redistribución es mala, pues es necesaria cierta redistribución, no sólo desde el punto de vista social y ético, sino también para darle cierta sostenibilidad a la economía —los paupérrimos demandan poco y no producen lo suficiente—, y evitar costos que puede provocar la indigencia, por ejemplo, la delincuencia.
Es aceptable poner un piso a la pobreza, es más, sería muy bello hacerla desaparecer; pero algo que no es aceptable es ponerle un techo a la riqueza y la acumulación individual, simplemente por la creencia absurda de que debemos garantizar igualdad de resultados para todos. En ese intento, o se cae en la corrupción o se crean nuevas clases, y el resultado final es más pobreza; si no recordemos el muro de la vergüenza de Berlín.
En un país con un flujo de ingresos alto —lo suficiente para poder erradicar gran parte de la pobreza sin muchos costos—, y con una concentración del ingreso en una pequeña porción de la población, el argumento de redistribuir los ingresos para aliviar gran parte de la pobreza sería en cierto sentido válido. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, sólo eliminaremos la pobreza si logramos un crecimiento económico sostenido del PIB per cápita real, y, además, conseguimos crear los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la educación, salud y alimentación de la población más necesitada. El problema de la pobreza en Nicaragua no es un problema de redistribución del ingreso —por lo menos en el corto plazo—; es más bien un problema de crecimiento, en una economía que ha reactivado su impulso económico a una tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita real anual de no más del 2 por ciento en los últimos ocho años, una tasa que no resulta satisfactoria si tomamos en cuenta que creciendo a esta tasa necesitaríamos 35 años para doblar nuestro PIB per cápita.
La economía nicaragüense es muy pobre, de tal manera que el pastel no es muy grande para cubrir las necesidades básicas de todos; aun si se repartiera de manera equitativa, la porción que nos tocaría es muy pequeña. La mejoría en los estándares de vida de la mayor parte de la población no se logrará necesariamente con la redistribución del ingreso, dadas las condiciones actuales; sino más bien con aumentos de productividad, para lo cual se requiere invertir, entre otras cosas, en capital humano.
El autor es economista.
