- Proponen Consejo General del Poder Judicial pro independencia e imparcialidad de la judicatura
Ary Neil Pantoja [email protected]
La Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua (AJDN) se pronunció en apoyo a la Juez Suplente del Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Gertrudis Arias Gutiérrez, tras demandar una serie de reformas al Poder Judicial con el fin, según un comunicado emitido por el organismo, de impedir que los funcionarios judiciales “continúen respondiendo a intereses políticos y económicos”.
Además de respaldar a la juez Arias en su sentencia interlocutoria de prisión para los procesados por el fraude al estatal Canal 6 de la televisión, los agremiados a la AJDN propusieron este fin de semana la creación del “Consejo General del Poder Judicial para tutelar la carrera judicial que propicie la independencia y la imparcialidad de la judicatura”, señala el comunicado.
Álvaro Ramírez, presidente del organismo de abogados, dijo que el fallo de la juez Arias constituye un “hito” en la historia judicial del país.
Agregó que el próximo tres de abril la AJDN presentará oficialmente la propuesta de reformas al Poder Judicial y para eso “es urgente” la creación del Consejo General del Poder Judicial.
Entre otros aspectos, la propuesta de reforma incluye que los candidatos a ocupar cargos en el servicio judicial, sean seleccionados por oposición pública “debiendo establecer preferencia para ocupar cargos a los egresados de la Escuela Judicial y se establezca el ascenso automático para los jueces que participen en programas de formación continua”.
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
La propuesta de la AJDN estipula que el Consejo General del Poder Judicial debe estar integrado por representantes de los jueces Locales y de Distritos; de los Tribunales de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia; así como de la Procuraduría General de la República, la misma AJDN y de la Asociación de Abogados de Nicaragua (Asanic).
También deben integrarlo, según la propuesta, representantes de la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, de la Barra de Abogados de Nicaragua y de los docentes de las facultades de Derecho.
