- Tres campesinos eran acusados de haberle cortado una falange del dedo de la mano derecha a un vecino
Auxiliadora MartínezAna Luvy UrbinaEspecial para LA [email protected]
BOACO.- Un jurado de conciencia encontró inocentes a José Beltrán Quiroz Oporta de 61 años, Manuel Aguirre y Gonzalo López, estos últimos procesados en ausencia por el delito de lesiones dolosas en perjuicio de Carlos López Aguirre de 39 años, quien el 18 de julio del 2001 perdió parte de un dedo de la mano derecha, durante un altercado entre él y los acusados.
El hecho se suscitó por un conflicto de tierras en la propiedad La Pitahaya, ubicada en la comarca Belén del municipio de San Lorenzo, donde actualmente habitan más de 200 familias campesinas. La propiedad es reclamada por doña Julieta Choiseul Burgos, la antigua propietaria.
El jurado de conciencia integrado por cinco personas, en presencia de la fiscalía como parte acusadora, emitió el veredicto de inocencia a favor de los incriminados, al considerar que las pruebas del caso no fueron demostradas por la parte acusadora, ya que en el expediente rolan dos testificales en contra y cinco a favor de los reos.
La señora Choiseul Burgos dijo que pediría la anulación de veredicto del jurado, porque según ella hubo varias anomalías y que la presunta víctima de las lesiones había presentado un escrito en que solicitaba la suspensión y reprogramación del jurado, presuntamente por problemas de salud.
Dicha solicitud no fue aceptada por el judicial, por haber sido presentada en casa de la secretaria del juzgado, el domingo 16 de marzo a las 4:00 de la tarde y el jurado se realizaría pocas horas después.
“El juez me había expresado que el jurado se realizaría hasta después de Semana Santa. Sin embargo se realizó el día lunes, por lo que el abogado acusador no pudo estar presente en el jurado”, recalcó la señora Choiseul Burgos.
Reiteradamente la señora Choiseul Burgos reclamó que el juez Alí Alvarado Moreno llegó al juzgado a las 11:00 de la mañana, a pesar de que el jurado estaba programado para las 2 de la tarde, lo cual fue desmentido por el judicial, quien reconoció que llegó retrasado, a eso de las 9 de la mañana, porque tenía problemas estomacales. Según la ley, el jurado debe conformarse ocho horas antes del juicio.
Al respecto, el juez Alvarado Moreno explicó que por falta de financiamiento los jurados previstos fueron suspendidos la semana pasada y al darle respuesta a la falta de dinero se le dio continuidad a la programación existente a partir de este lunes, con el jurado que seguía en la lista de espera, que eran los tres acusados en este juicio.
VERSIÓN DE LA DEFENSA
El abogado defensor de los reos, Ramón Guillén, dijo que “en el fondo de todo esto hay un conflicto de propiedad, por lo que los anteriores propietarios han estado reclamando las tierras de La Pitahaya, vendida por el Estado a los trabajadores de la Empresa ‘Pablo Úbeda’, durante el proceso de privatización en el año 1992, mediante escritura pública, elaborada en el protocolo del doctor José Denis Maltés Rivas”.
Guillén añadió que los anteriores propietarios han hecho uso de todos los medios posibles e influencia, para tratar de sacar a los campesinos a pesar de que la propiedad fue pagada a la Cornap en cumplimiento al contrato de arriendo suscrito con el Estado.
Destacó que la solución a este conflicto de propiedad le corresponde al gobierno resolver, ya que existen muchas familias campesinas que serían afectadas en caso de que las tierras retornen a sus antiguos dueños.
“Nosotros sostenemos que el derecho de los anteriores dueños es justo, como también es justo el derecho de los que compraron la propiedad. Sin embargo, es al Estado al que le corresponde dar el punto final al conflicto, para que no sigan ocurriendo estas situaciones en las cuales los campesinos toman partido de una u otra manera y son los más afectados”, subrayó Guillén.
