No cabe duda que la decisión tomada por el gobierno norteamericano y anunciada por Otto Reich, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, de suspenderle la visa de entrada a Estados Unidos a los funcionarios corruptos latinoamericanos, debe tener preocupados a muchos de ellos. Reich hizo pública esa decisión en una entrevista que le concedió recientemente al periodista Andrés Oppenheimer, de El Nuevo Herald de Miami. En esa oportunidad, el entrevistado también reveló que ya giró instrucciones a las distintas embajadas para que preparen una lista de funcionarios a quienes no se les debe permitir el ingreso a Estados Unidos.
Esa nueva política estadounidense, que tiene como objetivo ayudar a combatir la corrupción en nuestros países, ya tuvo su debut en Nicaragua en el mes de enero del presente año, cuando le fue cancelada la visa al ex director general de Ingresos, Byron Jerez. Es bien sabido que los funcionarios corruptos suelen depositar en bancos extranjeros gran parte del dinero robado para invertirlo en la compra de casas y apartamentos en aquellos países donde ellos saben que la propiedad privada está a salvo y bien resguardada. Pero también es cierto que uno de sus grandes deleites es ir de compras y de paseo a los Estados Unidos, y ese placer muy pronto se verá afectado por la decisión anunciada por Reich.
No podemos saber qué tan extensas serán las listas de indeseables que elaborarán las embajadas estadounidenses, pero si aplicaran criterios medianamente estrictos, las listas serían tan extensas que afectarían el mercado de bienes raíces del sur de la Florida o el nivel de ocupación de los elegantes hoteles de las principales ciudades del país del norte. Lo más probable, sin embargo, es que se trate de una política que será aplicada selectivamente a funcionarios de alto nivel y connotadamente corruptos.
La pregunta que cabe es: ¿será efectiva esta nueva política para frenar el robo descarado de tantos ladrones que se enriquecen al amparo de los puestos públicos? Lo dudamos. Lo más probable es que éstos sigan apropiándose del dinero del pueblo y que simplemente decidan cambiar el destino de sus inversiones y de sus vacaciones de Estados Unidos a algún otro país.
Aún así, creemos que es una medida que se debe celebrar, ya que al menos servirá para que los ciudadanos se den el gusto de saber que no sólo en los países donde cometen sus fechorías son considerados ladrones, sino también en los Estados Unidos. Claro está que lo ideal sería recuperar el dinero robado y castigar con la cárcel a los malhechores, pero, por lo visto, todavía estamos lejos de que eso suceda en nuestro países, ya que además de tener sistemas judiciales ineficientes e igualmente corruptos, los funcionarios deshonestos tienen mucho cuidado de destruir las pruebas que podrían después servir para encontrarlos culpables y poder condenarlos.
La política anunciada por Estados Unidos será entonces solamente una forma de sanción moral; al menos de momento. Sin embargo, no deja de ser una señal clara de lo que pudiera llamarse una tendencia hacia la globalización de la justicia. Y eso también es una buena señal. Recordemos, por ejemplo, el caso del general Augusto Pinochet, quien, a petición de un juez español fue detenido en Inglaterra en 1998. Aunque se trata de un caso diferente porque a Pinochet jamás se le acusó de ladrón, el incidente sentó un precedente que ha hecho que desde entonces los dictadores tengan mucho más cuidado al escoger los países que desean visitar.
El periodista Oppenheimer piensa que si la nueva política no va acompañada de otra que “haga algo más para evitar que las firmas norteamericanas paguen sobornos o reciban dinero sucio, esta iniciativa va a ser vista en el extranjero como un caso más de hipocresía norteamericana”. No creemos que eso sea cierto. La nueva política de visas debe valorarse en base a su propio mérito, y estamos seguros que ella será bien recibida por todos los pueblos latinoamericanos, desde México hasta Argentina, y por supuesto que también lo será en nuestra saqueada Nicaragua que ya tuvo el dudoso privilegio de aportar el primer nombre en la lista de indeseables.
