- Se asignaron millones, antes de la mayor bancarrota en EE.UU.
EFE
WASHINGTON.- Mientras el Congreso de Estados Unidos se prepara para una nueva semana de audiencias sobre el “caso Enron”, las investigaciones han develado que, poco antes de la bancarrota, 500 ejecutivos se repartieron decenas de millones de dólares.
Aunque la existencia de los pagos ya se conocía con anterioridad, no así la identidad de los que los recibieron y las cantidades entregadas, que oscilan entre 300,000 dólares y 5 millones de dólares.
Según un documento al que la cadena de televisión CNN asegura haber tenido acceso, el presidente de Operaciones de Enron, Jeffrey McMahon, recibió 1.5 millones de dólares.
McMahon había defendido el pasado jueves, en una comparecencia ante una comisión senatorial que investiga el fraude, que los pagos eran un mecanismo para mantener a los ejecutivos dentro de la compañía, aunque se declarara la bancarrota.
“Las razones que había detrás de los pagos —también llamados bonos de retención— eran que si íbamos a ir a la bancarrota, esos individuos clave de la empresa pudieran permanecer con la compañía para proteger el negocio y el valor de los activos de cara a los acreedores”, declaró McMahon.
Muchos de los que recibieron compensaciones no están ya en la empresa.
La noticia sobre el pago de los bonos ha desatado las críticas de los empleados que perdieron su empleo en la compañía, que consideran que el dinero debería haberse destinado a compensaciones para los trabajadores despedidos.
Dos de los ejecutivos que más dinero se han embolsado por el procedimiento de los bonos de retención han sido John Laborato, 5 millones de dólares, y Louise Kitchen, dos millones.
Según la CNN, ambos trabajan ahora en UBS Warburg, la empresa que en enero compró la división de comercio de Enron, que acababa de formalizar el expediente de bancarrota.
El Congreso ha completado ya una semana de análisis del “caso Enron”, creado cuando la empresa, del campo de la energía y las finanzas, se declaró en bancarrota en diciembre pasado.
La bancarrota, la mayor registrada en EE.UU., debido a que Enron estaba considerada como la séptima empresa del país, supuso la pérdida de los ahorros de numerosos trabajadores y el despido de cientos de ellos y ha obligado al país a revisar los mecanismos de auditoría.
Un editorial del diario The Washington Post considera que, como consecuencia de las investigaciones que lleva a cabo la Cámara de Representantes, la Comisión de Vigilancia y Control del Mercado de Valores va a proponer nuevas normas en el análisis de riesgos, lo que supone lo único positivo conseguido hasta ahora en la crisis de Enron.
