El licenciado Eduardo Montealegre, ministro designado de Hacienda y Crédito Público, es de la opinión que el Estado no debe seguir entregando bonos de indemnización por las propiedades que están en poder del Estado y que son reclamadas por sus legítimos dueños. En lugar de eso, opina Montealegre, esas propiedades deben ser devueltas a sus propietarios.
Nos parece que ésa es la posición justa, sana y correcta. El Estado no tiene por qué conservar en su poder ningún inmueble que no le pertenezca legalmente, y mucho menos aún tiene por qué emitir bonos de indemnización para pagar propiedades mal habidas, ya que cada vez que el Estado hace eso, obliga a los ciudadanos a pagar por algo que ni les beneficia ni les pertenece. Un bono, después de todo, es una deuda que el Estado contrae y que tiene que ser pagada eventualmente con los impuestos que el pueblo contribuye al erario público.
Desgraciadamente, muchos ciudadanos no perciben la emisión de un bono gubernamental como una deuda que ellos mismos tienen que pagar. Si hubiese conciencia de eso, la ciudadanía exigiría una justificación plena cada vez que el Gobierno emitiera cualquier nueva obligación a cargo del Estado, que equivale a decir, a cargo de la ciudadanía.
De hecho, el Estado ya ha emitido millones de córdobas en bonos de indemnización que empiezan a madurar el próximo año, o sea, que tendrán que empezar a ser pagados a sus tenedores. Eso significa que una buena parte de los fondos del Presupuesto General de la República tendrá que ser destinada a ese fin, cuando bien pudiera haber sido usada para obras de beneficio para la sociedad. El pago de bonos de indemnización, por el contrario, es un gasto que no genera ningún beneficio para la sociedad.
El futuro ministro de Hacienda y Crédito Público está claro de la necesidad de eliminar gastos superfluos, especialmente en circunstancias como las actuales, donde el déficit fiscal ha alcanzado niveles del 14 por ciento, situación insostenible y que debe corregirse urgentemente. Lo que Montealegre no precisó es el monto de los bonos que el Gobierno tendría que emitir en caso de que optara por no regresar las propiedades. No se sabe si es mucho o poco, pero en cualquier caso eso es irrelevante; el hecho cierto es que las propiedades deben ser devueltas y no indemnizadas.
Nicaragua sigue viviendo el efecto del caos que provocó el gobierno sandinista en el régimen de propiedad, en la década de los ochenta. Son ya más de veinte años los que han pasado desde que empezó ese terremoto que sacudió las bases mismas sobre las que se asientan las posibilidades de desarrollo de cualquier país. Cuando esas bases se resquebrajan, como en el caso de Nicaragua, el desarrollo se frena.
Algunos justifican el caos que se creó alegando que una buena parte de las propiedades confiscadas y usurpadas le fueron entregadas a la gente de escasos recursos. Ese argumento soslaya el hecho de que nunca puede justificarse despojar a una persona de su propiedad para beneficiar a otra. Si ese fuera el caso, el régimen de propiedad privada no existiría y prevalecería la ley de la jungla, porque si se trata de justificar el despojo porque beneficia a los pobres ¿qué razón pudiera aducirse para impedir que ahora se hiciera otro despojo y reparto como el que se hizo en el pasado? ¿Es que acaso no hay una gran cantidad de gente que no tiene propiedad y otras que sí la tienen?
Los países en los que los derechos de propiedad están claramente establecidos y celosamente defendidos por las autoridades correspondientes, son los que disfrutan de un más alto grado de desarrollo. Por el contrario, aquellos en los que la propiedad está sujeta a la voluntad arbitraria del grupo que detenta el poder político, el desarrollo y el progreso son escasos o inexistentes. Eso lo podemos apreciar en nuestro propio país: desde que se establecieron gobiernos que no atentan contra la propiedad privada las construcciones y las inversiones se han dinamizado, pero falta mucho aún, y la propuesta del futuro Ministro de Hacienda y Crédito Público abona en la dirección correcta.
