Sergio Cuarezma*
La inmensa mayoría de las mujeres maltratadas no utiliza la justicia penal para denunciar a sus victimarios y la violencia de que son objetos, y cuando lo hacen desisten de continuar con sus acciones. Las largas esperas para que la víctima sea atendida, la retardación de la justicia que lleva a la víctima a perder tiempo del trabajo o de los «quehaceres» domésticos, temor a represalia por parte del victimario y la angustia que supone el ser llamado a declarar frente a los funcionarios judiciales, se traduce en desaliento y falta de confianza de la víctima frente al sistema de justicia, termina en retirar los cargos.
La psicóloga puertorriqueña, Mercedes Rodríguez, destaca que el maltrato no cesa cuando la víctima denuncia el hecho. Por el contrario, la víctima se expone vulnerable a formas más intensas y, a veces, nuevas de agresión, intimidación, amenaza, chantaje y presiones del victimario sobre la mujer, su familia y en muchos casos en su entorno de amistad. Esto constituye una de las razones probablemente más poderosas para que la mujer termine retirando los cargos. Este miedo, expresa la experta, suele agudizarse en los casos en que víctima y victimario se conocen entre sí, y cuando entre ellos ha habido una relación de convivencia íntima, el miedo, lejos de lo que puede pensarse, se convierte en un elemento aterrador y paralizador para la mujer. En muchas ocasiones, éstas son presionadas para que retiren los cargos, presiones que provienen del victimario, de su abogado, de sus parientes, y también de consejeros, que desconociendo del problema y en muchos casos de la peligrosidad del sujeto fomentan sentimientos de culpa en la mujer y promueven la reconciliación, “negociaciones o acuerdos” con el criminal, con el objeto de que la mujer dé al agresor “la última oportunidad”.
Los funcionarios de instituciones públicas, al igual que el resto de las personas de la comunidad, formados en el marco de una sociedad patriarcal que de muchas maneras, desde las más brutales hasta las más sutiles, ha trivializado, respaldado y hasta ocultado el problema de la violencia contra la mujer. Esto suele ocurrir dentro de un contexto de actitudes de incredulidad, desconfianza y muchas veces de burla hacia la perjudicada, hacen que desista de su decisión de pedir justicia.
Escuchamos que la mujer víctima de violencia es una mujer “difícil”. Difícil es, como expresa la especialista, entender sus necesidades, su conducta y sus motivaciones cuando no conocemos (“o no queremos” conocer) la complejidad del crimen (lesiones, violaciones, abuso de poder); difícil es comprender porque en nuestro país cada acto de violencia del hombre contra la mujer, es la manifestación de ejercer control absoluto sobre la vida de ese ser humano, por encima de la Ley y la Justicia, y cerramos los ojos ante la herida que sufre la mujer. En la justicia penal, la persistente condición y situación de marginalidad de la mujer en la sociedad frente al sistema judicial han determinado también que sus necesidades especiales se consideren marginales. En esta justicia se observa una orientación y un predominio “masculino”, y en muchos casos no se consideran pertinentes las cuestiones de género. Es necesario garantizar a la mujer sus derechos y libertades fundamentales, la protección equitativa a la ley y el trato justo en el sistema de justicia penal.
* El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología
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