Jorge [email protected]
Un distinguido amigo costeño me envió hace poco un correo electrónico diciéndome que está preocupado ante la posibilidad de que la Costa Atlántica de Nicaragua “siga siendo vista como de segunda” por el nuevo gobierno que tomará posesión el mes entrante. Espero que sus temores sean infundados, ya que tengo entendido que nuestro presidente electo, don Enrique Bolaños, está consciente de que es urgente y necesario elevar a un primer plano la atención del gobierno central hacia esa vasta región de nuestro país.
Pero ojalá que esta vez las buenas intenciones no se queden sólo como tales, sino que se haga todo lo que se tiene que hacer para que se materialicen en beneficio de la región y de Nicaragua en general. No obstante, comprendo muy bien la preocupación de mi buen amigo, ya que todos los gobiernos anteriores han prometido en sus inicios una atención especial al desarrollo de la Costa que jamás se ha dado. Siempre se ha creado en el gobierno central alguna oficina como para decir que se está haciendo algo, pero la verdad de las cosas es que jamás ningún presidente ha tenido una conciencia clara y profunda de la necesidad y conveniencia de desarrollar la Costa Atlántica, y, por consiguiente, no se ha hecho nada que verdaderamente funcione.
Desde en tiempos del presidente René Schick se han realizado tímidos e infructuosos esfuerzos respecto a la región. En ese entonces se creó la llamada Comisión de Desarrollo de la Costa Atlántica, que tuvo una vida efímera. En tiempos del sandinismo se habló del “gigante que despierta”, y lo que se hizo fue alienar aún más a la región y a sus habitantes. Durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro se creó el Instituto Nicaragüense de Desarrollo de las Regiones Autónomas (INDERA), que terminó disolviéndose poco tiempo después.
En el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán se pensó originalmente crear una corporación o una secretaría de la Presidencia para el desarrollo de la Costa Atlántica, pero jamás se hizo, creándose en su lugar un par de oficinas asesoras (una para la RAAN y otra para la RAAS) que también desaparecieron sin pena ni gloria a los pocos meses de establecidas. Mientras tanto, la Costa Atlántica, desde un punto de vista de la estructura del gobierno central, sigue siendo vista, como bien dice mi amigo, “como de segunda”, y eso tiene que terminar con el próximo gobierno.
La existencia del régimen político de autonomía para las dos regiones (norte y sur) que conforman nuestra Costa Caribe, no puede ni debe usarse como excusa para que el gobierno central no establezca en su seno una estructura al más alto nivel posible para que sirva de catalizador del desarrollo económico y social de la Costa. Tampoco debería de haber ninguna oposición de parte de los políticos de esas regiones a la creación de esa estructura, como sucedió a principios del gobierno actual, ya que lo único que se logra con eso es mantener a la Costa sumida en el atraso y la pobreza.
Recuerdo que en 1997, a tan sólo dos días de haber asumido la Presidencia de la República el Doctor Alemán, los mismos diputados liberales que recién habían resultado electos en la Región Autónoma del Atlántico Norte, le escribieron una carta al presidente en la que lo instaban a no permitir la organización de “superestructuras y/o Corporaciones paralelas a los Gobiernos Regionales Autónomos.” El presidente Alemán cometió, a mi juicio, un grave error al acceder a una petición que no tenía base ni sentido alguno, como no fueran los celos de esos diputados que, por lo visto, temían ver disminuido su poder. Algo totalmente ridículo, por supuesto.
Don Enrique tiene la posibilidad de enmendar el error de Alemán, para lo cual debería crear una Secretaría adscrita a la Presidencia de la República que esté dirigida por un funcionario de alto nivel con rango de ministro. Esa Secretaría tendría, entre otras funciones, la de servir como punto de enlace y coordinación entre el Gobierno Central y las autoridades regionales autónomas.
Estoy seguro de que no faltarán voces que se levantarán airadas alegando que una Secretaría así atentaría contra el régimen de autonomía, pero eso no es cierto. Todo lo contrario. Su existencia y funcionamiento efectivo, sólo puede redundar en beneficio de la autonomía, de la región costeña y de sus habitantes que, en justicia, esperan ver mejorado su nivel de vida. Esperemos que no se desperdicie esta nueva oportunidad.
El autor es miembro del Consejo Editorial de La Prensa y catedrático de la Universidad Thomas More.
