No cabe ninguna duda que el aumento de 31.4 por ciento en la tarifa de servicio eléctrico, que Unión Fenosa anunció para aplicarlo abruptamente a comienzos del año entrante, golpearía brutalmente a los consumidores, y no sólo de los sectores populares sino también a los de medianos y altos ingresos. Y además, agravaría la crítica situación económica que enfrentará en enero próximo el debutante gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, por las consecuencias desastrosas que inevitablemente el aumento en el precio de la electricidad tendría en la agricultura, la industria y el comercio.
En realidad, si no fuera porque cuando el gobierno privatizó la distribución de energía eléctrica, el ingeniero Enrique Bolaños era el presidente de la empresa nacional de electricidad, hasta se podría conjeturar que el aumento tarifario autorizado de previo a Unión Fenosa habría sido planeado para perjudicar al nuevo gobierno. Pero es obvio que lo que hubo realmente fue una deficiencia en el diseño del contrato de concesión de la distribución de electricidad, además de que el sistema de generación eléctrica es obsoleto, costoso e insuficiente; y sin perder de vista, por último, la posibilidad de que algunos funcionarios gubernamentales pudiesen haber obtenido coimas en el trámite de privatización.
Estos aumentos tarifarios del servicio eléctrico después que la distribución al público fue privatizada –pues desde que Unión Fenosa se hizo cargo de este negocio los recibos de los usuarios han subido entre 15 y 20 por ciento, según algunos consumidores domésticos—, parecieran dar la razón a quienes se oponen ferozmente a los procesos de privatización. Sin embargo, no es cierto que el aumento tarifario sea una consecuencia inevitable de la privatización porque ésta tiene una índole perversa. En realidad, lo malo no es la privatización sino la incapacidad y corrupción de la burocracia que negocia incorrectamente las concesiones y otorga privilegios a empresas concesionarias a cambio de coimas de cualquier clase. La verdad es que la gestión privada y la libre competencia en la provisión de servicios públicos son imperiosamente necesarias para que haya una mejor asignación de recursos y una mayor eficiencia, así como para poner fin a los abusos y la corrupción de cúpulas burocrática; para impulsar la modernización del país, elevar los niveles de producción y creación de riqueza, incrementar los ingresos de la población, combatir la pobreza hasta erradicar sus aspectos extremos y promover el progreso y el bienestar a todos los habitantes del país. Pero en el entendido de que la privatización se haga de manera honesta y transparente, en beneficio de la nación y no para convertir las empresas públicas ineficientes y corruptas en monopolios privados de empresarios codiciosos y arbitrarios, ni para que los funcionarios encargados de negociar y autorizar las concesiones gubernamentales se hagan ricos con gratificaciones y coimas.
Por otro lado, estamos claros de que las tarifas de los servicios, así como los precios de los productos y bienes de consumo, no se pueden determinar de manera arbitraria -ni para arriba ni para abajo-, sino de acuerdo con la estructura real de costos de producción y operación. Las tarifas de los servicios no se pueden bajar caprichosamente ni siquiera en el caso de que la empresa proveedora sea del Estado, y mucho menos si se trata de una empresa privada. Y tampoco es correcto que el gobierno incumpla los contratos con las empresas privadas concesionarias, porque además de que no es honesto se ahuyenta la inversión y se perjudican los intereses de la nación. Pero los ejecutivos de las empresas privadas concesionarias tampoco deben aprovecharse de la codicia y la corrupción de la burocracia gubernamental para imponer condiciones leoninas contra el país y la población, y si se aprovecharon, deverían pagar las consecuencias de semejantes errores y faltas a la ética empresarial.
En todo caso, ya sea que se insista en querer imponer de una sola vez el aumento tarifario del 31.4 por ciento, o gradualmente y con efecto retroactivo, el nuevo gobierno debe hacer una investigación objetiva y tratar de encontrarle una justa solución al problema, que como dijimos antes, no sólo castigaría despiadadamente a los consumidores de todas las categorías sino que también golpearía mortalmente la economía nacional y convertiría al nuevo gobierno en discapacitado cuando ni siquiera comenzó a caminar.
