Silvan De Pury
En la edición de LA PRENSA del domingo 2 de diciembre, bajo el título “Pierde dinero porque no le dejan volar”, agradezco el interés por la situación que denuncié en esa oportunidad sobre la suspensión de los permisos de sobrevuelo en paramotor de la ciudad de Managua por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero a la vez no entiendo por qué le quitaron a mis declaraciones unas partes esenciales.
En primer lugar, no es solamente que se me hace “perder dinero” con esta medida, sino que después de haber respaldado mi iniciativa y favorecido la importación de mi aeronave, se me condena a la quiebra y al exilio, a mi familia nicaragüense (mi esposa y nuestros tres hijos) y a mí, ya que no tengo aquí ni reservas, ni otra fuente suficiente de ingresos.
En segundo lugar, lo que denuncio sobre todo, es que éste es un caso más en que el poder y el aparato estatal es utilizado no para el interés general sino que para responder al interés de algunas personas.
Si bien es cierto que la DGAC afirma estar preocupada por mi seguridad y la seguridad colectiva, es igualmente cierto que esta preocupación solamente se manifestó en la forma de una suspensión previa a mis permisos de vuelo.
¿Qué sentido tiene que el Gobierno llame a los inversionistas extranjeros a venir a Nicaragua, y después que se han arriesgado, se les quiebra con medidas discriminatorias?
Creo que este complemento de información será útil a sus lectores para entender mejor el asunto y poder reflexionar al respecto.
Propietario de Publicidad Aérea “El Pelícano”.
Nota del redactor
No es posible, por problemas de espacio, incluir en las notas informativas todo lo que declaran las fuentes o personas involucradas en los casos que publicamos.
Moisés Martínez
Redactor de LA PRENSA
