Sergio Cuarezma
No cabe duda que el 4 de noviembre inicia, con el sufragio un nuevo gobierno y un nuevo estilo de hacer política. Habrá un cambio, y si queremos fortalecer lo positivo y corregir los errores, hay que reflexionar y plantearnos desafíos. Las fuerzas políticas, económicas, intelectuales y sociales del país tienen un gran desafío de ambiciosas proporciones en la promoción de profundos cambios en los órdenes político, administrativo, jurídico, económico, social y cultural con el objetivo de crear o fortalecer los cauces racionales para la construcción de una Nación, de un Estado moderno y de una sociedad capaz de crear su propio sistema de vida político, jurídico, económico y cultural, y asumir sus responsabilidades.
El país ha experimentado un avance positivo en la transformación del Estado (formal) de Derecho. Pero lamentablemente todavía subsiste otro tipo de Estado, un Estado real, que la gente siente y rechaza a diario, que debe erradicarse, muy diferente del “Estado Formal o Legal de Derecho”. En este “Estado real” todavía las relaciones de producción económica en muchas partes de nuestro territorio no han variado y continúan siendo de naturaleza feudal; la distribución de las riquezas no es equitativa ni justa, y que hay profundas y marcadas desigualdades que impiden objetivamente a la persona acceder o disfrutar del Estado de Derecho en construcción. La persona, particularmente la persona sin recurso, no accede con la naturalidad que debería ni a la justicia, ni a la Administración pública a conseguir que sus problemas sean resueltos positivamente. El Estado de Derecho no sólo significa el importante hecho de crear una Casa de Justicia, sino que la Justicia sea independiente y eficaz para que la persona no sólo acceda, sino que obtenga con confianza y transparencia la solución efectiva de sus expectativas.
Para los próximos años es necesario fortalecer el esfuerzo de promoción del Estado de derecho y el fortalecimiento de sus instituciones fundamentales, ya que el valor de las instituciones es fundamental para el proceso democrático que vive el país; distribuir territorialmente el poder y promover la participación democrática más extendida y gobernable; los partidos políticos también deben sufrir una inevitable transformación, de modo que sus objetivos y funciones se hagan acordes con las demandas de la sociedad y del proceso histórico-cultural que experimenta el país; el Estado debe definir un plan estratégico de desarrollo nacional a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos de dicha estrategia deben componerse de valores abstractos y de una interpretación de lo que su realización requiere.
En nuestra historia las “formas” democráticas tienden a sustituir a los “contenidos” democráticos, de manera que las elecciones como instrumento de legitimación de los poderes públicos, pasan a ser la meta y la esencia misma del sistema. Se aleja así la posibilidad de alcanzar logros en los planos económicos y sociales, y la democracia se transforma en una promesa siempre incumplida. Por ello, los retos son muchos, para comenzar hay que evitar que la democracia se estanque en sus logros iniciales, para remontarse hacia nuevas ofertas y que las elecciones del próximo 4 de noviembre no hagan de la democracia una formalidad, una democracia formal, sino una oportunidad para crecer socialmente, una democracia social. La democracia se expresa en una realidad jurídico-política, en nuestro caso satisfaciendo a los actores políticos y a las instituciones del Estado, satisfacción que debe ser compartida también por la población, para que la misma sea plena y su proceso lleno de contenido y de expectativas positivas.
El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
