Ahora es la Contraloría General de la República (CGR) la que se encuentra en crisis. Y la chispa que encendió la llama del conflicto entre los contralores —tres liberales y dos sandinistas— es una auditoría externa que se hizo el año pasado a una empresa del Ministerio de Transporte e Infraestructura, que fue engavetada a pesar de que en ella (o quizás por eso mismo) se demostraron irregularidades en perjuicio del Estado por unos 20 millones de córdobas, equivalentes a casi 1.5 millones de dólares.
Pero, además de que la auditoría estaba engavetada, sus cifras fueron alteradas y disminuidas a 1.5 millones de córdobas más o menos (un poco más de 100 mil dólares), sin dudas que para atenuar la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales que resultaron involucrados en el asunto.
No podemos saber a ciencia cierta si fue porque ignoraban la existencia de esa auditoría engavetada que hasta ahora los contralores sandinistas la sacaron a luz pública. O es que sí la conocían y estaban de acuerdo en que se mantuviera oculta, pero la revelaron en este momento por motivaciones políticas, en vísperas de las elecciones, para golpear al PLC en el lado que más le duele, como es el de las denuncias de corrupción.
Como sea, lo cierto es que esta crisis de la Contraloría General de la Republica —igual que los conflictos que afectan a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Supremo Electoral—, es una consecuencia lógica e inevitable del pacto libero-sandinista que concertó en 1999 el Presidente Arnoldo Alemán —y presidente honorario del PLC— con el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, cuyo efecto más nefasto ha sido el quebrantamiento de las instituciones fundamentales del Estado de derecho, como son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República.
Como es bien sabido, lo peor que le puede pasar a una sociedad que pretende regirse por el sistema democrático de gobierno, es que el órgano institucional encargado de controlar el uso de los fondos del Estado y de velar por los intereses económicos de la nación, que en el caso de Nicaragua es la Contraloría General de la República, caiga él mismo en la trampa de la politización y las redes de la corrupción.
El control público sobre los actos de gobierno y en particular del uso de los fondos públicos, es precisamente una de las funciones que definen y caracterizan a un Estado de Derecho, ya que el sistema de control es lo que fija los límites del ejercicio del poder político y le otorga transparencia y credibilidad al sistema democrático. Por eso es que en cualquier país en el que se procura gobernar con honestidad, se modernizan, fortalecen y perfeccionan constantemente los mecanismos de control, y son ejercidos por personas profesionales, ajenas a intereses políticos y a lealtades y complicidades partidistas. Sin embargo en Nicaragua los líderes políticos mayoritarios hacen al revés, o sea que envilecen mediante el partidismo los mecanismos institucionales de control y de esa manera desvirtúan sus funciones para encubrir la corrupción.
Es incuestionable que las funciones de control sobre el uso del dinero público por parte de los funcionarios —de todos los funcionarios—, sólo se pueden cumplir con eficacia si las personas responsables de su ejecución, o sea los contralores y los miembros de sus equipos de trabajo, ocupan una posición de equidistancia y neutralidad con respecto de los gobernantes y de los partidos políticos, pues sólo así pueden actuar con objetividad e independencia. La confusión de intereses entre controlados y contralores, así como la subordinación de la Contraloría a la voluntad política bipartidista —que es lo que se hizo con el pacto libero-sandinista—, son absolutamente contrarios a la regla de oro del sistema democrático de control del Estado, de que debe haber una total independencia entre las figuras del controlado y el contralor.
De manera que la creación de una Contraloría independiente es indispensable para establecer un sistema honesto y eficiente de control de los negocios del Estado, pero esto sólo se podría hacer si se revocara el pacto libero-sandinista, lo cual parece extremadamente difícil aunque de ninguna manera imposible.
