Eduardo Enrí[email protected]
Ayer que venía para el trabajo me detuve en un semáforo detrás de un microbús que tenía varias calcomanías que llamaban a votar por el Frente Sandinista y Daniel Ortega. Un poco más abajo, el dueño del microbús había colocado otra calcomanía que decía: “No a la Impunidad, no a la Corrupción”.
¡Ideay! —pensé— ¿cómo es posible que alguien que esté contra la impunidad y la corrupción promueva el voto a favor de un candidato que precisamente ocupó su inmunidad como diputado para esconderse y no dar la cara ante las acusaciones de su hijastra?
Pero casi en el mismo instante me di cuenta de que el candidato perpetuo del Frente Sandinista no hubiera podido escudarse en su inmunidad sin la ayuda de los liberales, quienes perfectamente hubieran podido procesar la denuncia o acusación y, de aceptarla, tenían los votos —junto a las bancadas independientes— para desaforar a Ortega y obligarlo a dar la cara en los tribunales.
Pero es que esa tal inmunidad de la que gozan los funcionarios públicos les ha resultado muy a la medida a los liberales también. No es uno, son varios los funcionarios del ac-tual gobierno liberal que a la hora de ser denunciados o acusados simplemente invocan la Ley de Inmunidad tal cual Patente de Corso.
La Ley, aprobada en el período de transición de 1990 —o sea, que es hija de la Piñata Sandinista— establece que los funcionarios “no podrán ser objeto de ninguna acción judicial o prejudicial ante los Tribunales de la República mientras se encuentren en el ejercicio del cargo”.
La Ley también daba inmunidad al ex presidente y ex vicepresidente electos a partir de 1984, y todavía les garantiza una pensión vitalicia equivalente al salario de sus homó-logos en ejercicio. (Ahora entienden por qué es hija de la Piñata Sandinista, ¿verdad?).
Pero como al parecer son muchos los diablos y poca el agua bendita, el presidente Arnoldo Alemán inventó el “rango de ministro” para los funcionarios que necesitan estar protegidos por el manto de la inmunidad, pero que no ocupan los cargos que contempla la Ley.
No hay duda que la Ley de Inmunidad, tal como está diseñada, es una “licencia para matar” que tienen los funcionarios allí mencionados, y otros que gocen del favor del Presidente para obtener el tan anhelado “rango de ministro”. No hay duda que un gobierno que se precie de ser honesto debe impulsar una reforma a esta Ley para que restrinja la inmunidad única y exclusivamente a lo que se refiere al trabajo del funcionario; además de restringir la lista de funcionarios única y exclusivamente a los mencionados en ella. A nadie más. Esa es la Ley de Inmunidad en los países civilizados.
El problema es que esa reforma sólo la puede realizar la Asamblea Nacional, es decir, los diputados, que se cuentan entre los principales beneficiados por esta “amplísima” Ley. De ganar las elecciones el candidato perpetuo de los sandinistas no podríamos esperar que él impulse esa reforma. ¿Cuándo, si él se ha beneficiado grandemente por ella?
El candidato de los liberales, Enrique Bolaños, por su parte, escogió bien sus palabras cuando tocó el tema el jueves. Él dijo que de ganar las elecciones va “a proponer cambios en el manejo y el concepto de la inmunidad”. Aquí “proponer” es la palabra clave. No cabe la menor duda que si Bolaños llega a la Presidencia va a proponer los cambios, pero Bolaños propone y la Asamblea dispone… y ahí lo estarán esperando Arnoldo Alemán y un grupo de diputados liberales y sandinistas que son fieles creyentes en los beneficios de esa Ley.
No es así de chiche que estos señores se van a despojar de semejante escudo. Después de todo, nuestra clase política se precia de ser muy “viva”, y entre sus “principios” más firmes está aquél que dice: “A los babosos ni Dios los quiere”.
