El lunes de esta semana quedó firmemente incorporada, en el Presupuesto Ordinario de la República de Costa Rica, una partida de un millón de dólares para costear los gastos del juicio que ese país vecino planea iniciar contra Nicaragua en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. En respuesta a ese gesto hostil del gobierno costarricense, se ha introducido en la Asamblea Nacional de Nicaragua un proyecto de ley para crear un arancel de 35 por ciento que se aplicaría a las importaciones provenientes de ese país en el momento en que el gobierno de Costa Rica demande a Nicaragua. De acuerdo a una información publicada este miércoles en un diario de San José, la medida nicaragüense ha causado “estupor” en el sector productivo costarricense.
No cabe duda que con ese juicio Costa Rica pretende obtener derechos sobre el Río San Juan que no le corresponden. El único derecho que tiene sobre el río —tal a como está consignado en el Tratado Jerez-Cañas, y en el laudo Cleveland— es el de navegarlo “con objetos de comercio”, y solamente en la porción que va desde la desembocadura del mismo en el Caribe hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo de la Inmaculada Concepción. Nada más. Es por lo tanto un derecho limitado, y no un derecho a “navegarlo libremente” como equivocadamente señaló en su editorial de ayer el diario La Nación de Costa Rica.
Si el derecho de Costa Rica sobre el Río San Juan fuera como el que pretende La Nación, significaría que Costa Rica tendría derecho a navegarlo con sus fuerzas armadas, independientemente de que las denomine Guardia Civil, Policía de Frontera, Guardia Rural, o de cualquiera otra forma. Y eso no es cierto. No tiene ese derecho. Eso es algo tan claro y cierto que hasta don Ricardo Jiménez Oreamuno —que fue tres veces presidente de Costa Rica en el primer tercio del Siglo XX— lo reconoció cuando expresó que: “La Novedades de Nueva York critican el fallo porque no nos da derecho a navegar en el San Juan con naves de guerra. La crítica diría yo que es infundada. El énfasis con que el artículo 8 del tratado consigna que Nicaragua tendrá el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río, manifiesta que se quiso establecer diferencia entre los derechos que Nicaragua y Costa Rica tuvieran en aquellas aguas. Ahora, si naves mercantes y naves de guerra de ambas Repúblicas navegan libre e indistintamente el río, en que se manifiesta, ¿qué efecto práctico tiene la solemne declaración de que el dominio y sumo imperio sobre las aguas corresponden a Nicaragua? Costa Rica por el artículo 4º quedó obligada a defender el San Juan como aliada de Nicaragua, ¿y cuándo se ha visto que un aliado, por serlo, pretenda tener derecho, no habiendo guerra, para transitar con tropas por el territorio aliado, para navegar con buques de guerra sus aguas interiores o estacionar armadas en sus puertos?” (Biblioteca Patria, 17, Editorial Costa Rica, agosto de 1980).
Es indudable que el gobierno actual de Costa Rica pretende ignorar las palabras de su ilustre ex presidente y prefiere escuchar las del candidato a la vicepresidencia de la República por el FSLN, ingeniero Agustín Jarquín Anaya, quien en mayo de este año dijo en Costa Rica que “aquí lo importante no es si un policía costarricense navega con su revólver en el Río San Juan”. Pero, afortunada y definitivamente, la posición del candidato del FSLN no es la posición de Nicaragua.
Es lamentable que en su pretensión de alcanzar derechos que no le corresponden sobre el Río San Juan, nuestro vecino del sur tenga intenciones de iniciar una querella judicial contra Nicaragua. Y si bien es cierto que un arancel interfiere el libre comercio y la integración centroamericana, Costa Rica no puede pretender que Nicaragua se cruce de brazos ante un acto no amistoso como el que tiene planeado contra nuestro país. En procura de las buenas relaciones que deben privar entre nuestros países, Costa Rica debería desistir de sus pretensiones de obtener derechos adicionales sobre el Río San Juan.
