Las dietas en dólares que reciben los altos funcionarios del gobierno que participan en reuniones de juntas directivas de entes autónomos y empresas del sector público, han devenido en piedra de escándalo y símbolo de lo que el líder empresarial recientemente fallecido, don Roberto Terán Balladares, denunciaba a menudo como falta de compasión de los gobernantes hacia Nicaragua.
Como se recordará, el escándalo de las dietas comenzó cuando los miembros de la Contraloría General de la República descubrieron que una ley aprobada por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979, cuando comenzaba la Revolución sandinista, puso fin la asignación de dietas a los funcionarios gubernamentales. Y además, los contralores verificaron que dicha Ley nunca fue derogada expresamente, que por lo tanto continúa vigente, y es ilegal que los funcionarios del gobierno sigan recibiendo las dietas.
A raíz de eso se produjo el hecho insólito de que el presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Dr. Guillermo Argüello Poessy, devolviera a la Tesorería gubernamental el dinero que recibió por participar en reuniones de distintos entes del sector público, pero las autoridades del Ministerio de Hacienda se negaron a aceptar la devolución y tampoco reconocieron la vigencia de la Ley que puso fin a las dietas.
Debido a la falta de transparencia gubernamental y de información oficial fidedigna sobre lo que cuesta a la población el pago de las dietas, se ha especulado mucho sobre su monto. Los mismos funcionarios que las reciben y las justifican no son claros en este asunto, y con sus evasivas más bien dan pie para que vuele la imaginación. Por ejemplo, el lunes de esta semana el ministro de Hacienda dijo a los periodistas que el gasto anual en las dietas “posiblemente sería” de más o menos un millón doscientos mil dólares. Lo que motiva a pensar que si el ministro más favorecido con las dietas reconoce esa fuerte cantidad de dinero, en realidad lo que reciben los funcionarios en dietas podría andar arriba de los dos millones de dólares.
En cualquier caso, se trata, sin dudas, de un gasto que es económica y moralmente injustificable, porque los altos funcionarios son remunerados con sueldos generosos, y, además, favorecidos con diversos privilegios adicionales, mientras que una parte de la población literalmente se está muriendo de hambre y la mayoría de los nicaragüenses se consume en la pobreza y la miseria.
La dieta, en estricto sentido, es una retribución razonable que se concede a funcionarios que desempeñan labores fuera de su lugar ordinario de trabajo, y que por eso mismo tienen que hacer gastos extraordinarios. De manera que para no perjudicar sus sueldos se les asigna un estipendio o dieta que les permita cubrir los gastos extraordinarios —como por ejemplo pago de hotel, alimentación y transporte— que les provocan las tareas y comisiones que deben hacer fuera de sus lugares y horas comunes de trabajo.
Sin embargo, en el caso del actual gobierno, las dietas son retribuciones a altos funcionarios, adicionales a sus sueldos –que de por sí son elevados– y a los otros ingresos y prebendas que reciben, tales como tarjetas de crédito, gastos de representación, combustible gratuito, etcétera.
Benito Juárez (1806-1872), quien fuera presidente de México desde 1861 hasta su muerte, y el primer gobernante de origen indígena de un país americano —el segundo es Alejandro Toledo, ahora en el Perú—, pasó a la historia no sólo por su muy conocido apotegma de que “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Juárez también indicó que “los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.
Es obvio que en la Nicaragua de hoy, donde el Estado se usufructúa como un botín, nuestros gobernantes y funcionarios públicos en general no se rigen —probablemente ni siquiera los conocen— por esos hermosos principios éticos de la Administración Pública que estableció y practicó Benito Juárez, el Benemérito de las Américas.
