Sergio [email protected]
La corrupción es el corazón del crimen organizado, y no se puede combatir o prevenir sólo aspirando a cambios en el derecho penal y el procedimiento penal, sino que es necesario desarrollar políticas de prevención de carácter técnicos dirigidas a las estructuras de organización de la administración pública del Estado.
Es imposible luchar contra la corrupción sólo con la creación de nuevos delitos o aumentando las penas (este discurso se convierte en ocasiones en una “cortina de humo”), si la administración pública carece de organización y estructura coherente. Para nadie es un secreto que el Estado nicaragüense carece de ambas cosas: organización y estructura coherente. Un Estado, como el nuestro, en tales condiciones es vulnerable a la corrupción y, lo más grave, susceptible a ser suplantado de forma coyuntural o permanente por “poderes de facto o para-estatales” de carácter político, económico e ideológico que, dada su naturaleza y gran poder, no son objetos de límites y controles, por lo que fortalecen el fenómeno de la corrupción. Por ello, cualquier intento de crear, fortalecer y organizar las instituciones del Estado debe contar con el apoyo inequívoco de la sociedad nicaragüense.
Estudios científicos recientes apuntan que existen posibilidades para la prevención de la corrupción. Por ejemplo, garantizar que aquellas personas que lleguen a observar o experimentar actos de corrupción puedan denunciarlos sin temor ante un organismo idóneo. De esa manera es posible quebrar las estructuras corruptivas. También existen otras posibilidades para la prevención, como el traslado de funcionarios, la separación entre planificación, supervisión y ejecución, como también la presencia permanente de las auditorías internas, y el fortalecimiento institucional de la instancia que controla el manejo del patrimonio del Estado, “nuestro patrimonio”.
Los estudios han demostrado que no sirve demasiado querer combatir la corrupción mediante la creación o delimitación exacta de los comportamientos a reprimir de la corrupción por el derecho penal. La realidad y la dinámica de la corrupción son más sabias e imaginativas que aquellos que intentan enmarcarla en normas jurídicas. Hay en apostar a la transparencia, a la franqueza y el deber de denunciar.
En el continente americano existen propuestas de aumentar la represión estatal para luchar contra la corrupción, solución simplista que, como apunta Bustos Ramírez, esconde una doble finalidad.
1. Por un lado, se procura aumentar el nivel del control disciplinario.
2. Por el otro, el control no se ejerce sobre aquellos a quienes formalmente se dirige la amenaza, sino sobre la sociedad en su conjunto.
Para el penalista chileno esta solución es desconcertante, ya que en la mayoría de los países de América Latina, quienes tendrían que aplicar esas leyes son precisamente los señalados de constituir uno de los sectores más corruptos de la sociedad.
En resumen, la corrupción de las autoridades, funcionarios y empleados públicos es un fenómeno complejo, que requiere formas de lucha aún más complejas, y que pone en tensión el sistema de garantías. Y se presta también a soluciones simples y falsas. Se trata de un problema en que la sociedad está buscando sus propios límites, búsqueda que –como suele ocurrir con las cuestiones político-criminales– marcará los avances y retrocesos del Estado policial y del sistema de garantías que protege al individuo.
