El reportaje de LA PRENSA del domingo 29 de julio (“Acceso a la justicia gratuita es un mito”), y las informaciones de seguimiento publicadas en los días subsiguientes, pusieron en evidencia las graves debilidades que tiene el sistema de la Defensoría Pública, establecido (desde septiembre de 1999) para convertir en realidad el principio constitucional de que “La justicia en Nicaragua es gratuita” (artículo 165 Cn.).
Pero lo esencial es que, independientemente de los problemas de la Defensoría Pública, la justicia no es verdaderamente justa, no lo ha sido nunca en ninguna parte del mundo y mucho menos en Nicaragua. La justicia, más que una realidad, es un ideal que la humanidad siempre ha querido implantar por medio de valores y leyes, de acuerdo con los principios básicos establecidos por los antiguos romanos: vivir honestamente; no dañar a los demás; reconocer a cada uno el derecho que le corresponde.
Precisamente por eso es que la justicia se representa en la emblemática figura universal de la dama vendada, con una balanza y una espada en sus manos, dando a entender así que para ella todas las personas son iguales, que sopesa y reconoce lo que a cada uno le corresponde, y que, además, tiene la fuerza para aplicar sus fallos y para garantizar el mantenimiento del orden público.
Volviendo al tema de la Defensoría Pública para convertir en realidad el principio constitucional de gratuidad de la justicia, la verdad que esto es algo prácticamente imposible de cumplir. Y no sólo porque los defensores públicos son muy pocos y carecen de recursos, sino porque es inevitable que quienes disponen de mayores recursos económicos tengan mejor o verdadero acceso a la justicia.
Además, sería una injusticia que se pagara por cuenta del Estado —con los recursos que aporta la gente honesta y trabajadora con sus impuestos— la defensa y protección de todas las personas que cometen delitos o que se involucran por su propia voluntad en problemas con la justicia. En todo caso, la Defensoría Pública debería ser selectiva, sólo para las personas que carecen de recursos y que son víctimas de injusticias y comparecen ante los tribunales en condiciones desiguales, pero no para defender a los criminales evidentes, pues al defender a éstos con recursos del público se causa un agravio adicional a las víctimas del delito y del delincuente.
Sin embargo, no es la falsedad o mito de la gratuidad el principal problema de la justicia en Nicaragua. Lo peor es la corrupción judicial, el abuso de poder de jueces y magistrados, y, sobre todo, la politización y partidización de la justicia. Los defectos más graves e injustificables de “nuestra justicia” se manifiestan en los sobreseimientos de casos evidentes, comprobados y escandalosos de corrupción; en el hecho de que por influencias políticas y consideraciones clasistas se condena al asesinado y se absuelve al asesino; en que se libera a los traficantes de droga que con grandes riesgos capturan los policías; en que se persigue a la mujer que hace uso de su derecho a la libertad de expresión para criticar a los funcionarios judiciales, para protestar por la retardación de justicia y pedir públicamente la destitución de los jueces; en que se obliga a la sociedad a pagar por el botín de los quebradores de bancos; en que los magistrados son nombrados no por méritos profesionales y personales, sino por afiliación política y obediencia partidista, etcétera.
De manera que si bien es algo muy lamentable que la gratuidad de la justicia siga siendo un mito a pesar de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la Defensoría Pública, peor es que la justicia esté politizada y secuestrada por los (dos) partidos políticos.
En realidad, una verdadera, sana y justa administración de justicia sólo podría ser posible si se dejara de nombrar a los jueces y magistrados por designios de pactos políticos y se les escogiera, como debe ser, con base en la carrera judicial, en su idoneidad profesional y moral, y de conformidad con una rigurosa neutralidad política que pueda garantizar la imparcialidad, ecuanimidad y honestidad de la justicia.
