- A las muchas debilidades de la justicia en Nicaragua se suma el hecho que algunos abogados que son nombrados como defensores públicos, pierden interés en la causa, debido a que los acusados no disponen de dinero para pagar sus oficios. Por ende los procesos marchan a paso lento y en algunos casos purgan condenas por hechos que no cometieron. La situación es general en el país. Jueces y abogados de Derechos Humanos, del Norte y Occidente instan al gobierno y la Corte Suprema de Justicia a que den los pasos necesarios para que la defensoría pública cubra todos los juzgados de la nación
Mercedes Sequeira – [email protected]
JUIGALPA.- A pesar de los avances sustanciales en el Poder Judicial de la circunscripción central, la falta de defensoría pública es uno de los problemas latentes que afecta a la población de escasos recursos económicos de la región.
En la circunscripción central que abarca los departamentos de Boaco, Chontales, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y Río San Juan, se carece de defensoría pública, lo que no les permite dar respuesta a las personas que necesitan un abogado que los defienda.
El Dr. Marco Aurelio Mercado, presidente del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción central, expresó que la defensoría pública que existe en la capital no es la suficiente para que “estemos llenando esa gran necesidad en los departamentos”, reiteró.
Aunque el magistrado reconoció que en los departamentos el juez nombra un abogado de oficio para el reo que no tiene cómo defenderse, dichos abogados llevan los casos de forma pasiva, ya que no reciben honorarios por ello.
Según el funcionario, muchas veces el abogado pide dinero a los familiares de los reos en nombre de jueces o magistrados, “y eso implica que se diga que la justicia no anda bien”, dijo.
“MANAGUA NO ES NICARAGUA”
Apuntó que gran parte del desprestigio de lo que se haga en el Poder Judicial “es culpa de los abogados”, señaló Mercado.
La Licda. Carmen Escobar, secretaria del Tribunal de Apelaciones, manifestó que generalmente los abogados de oficio que se retiran de las causas son abogados de los municipios de Nueva Guinea, El Rama y Boaco, por lo que esa dependencia se encarga de nombrar un abogado de oficio al reo.
Así mismo el Dr. Octavio Rothschuh, Juez de Distrito del Crimen de Juigalpa, también criticó la falta de defensoría pública en la región, argumentando que “Managua no es Nicaragua y la defensa de los procesados no solamente se puede garantizar en la capital sino en cada municipio del país. Tanto el gobierno como la Corte Suprema de Justicia deberían dar los pasos necesarios para que la defensoría pública cubra todos los juzgados de la nación”, recalcó.
PIDE CARCEL PARA JUECES CORRUPTOS
Rothschuh indicó que “nuestra región tiene bastante trabajo y anda en el uno por ciento de retardación de justicia, y lo cierto es que aquí han movido jueces de forma despiadada por la supuesta mala administración de justicia, si el juez es corrupto hay que averiguar, determinar su responsabilidad, procesarlo y llevarlo a la cárcel, pero las autoridades superiores no lo hacen y es ahí donde está el problema”, apuntó.
VICTIMAS DE DEFENSORES
Mélida Lumbí, asesora legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) filial Chontales, afirmó que se reportan aproximadamente 80 casos al año de personas que manifiestan que no tienen recursos económicos para su defensa. Estas personas, según Lumbí, son víctimas de los abogados de oficio, quienes presionan a los indefensos para que paguen.
“Nosotros como representantes de los Derechos Humanos, lo que hacemos es conversar con el abogado de oficio para sensibilizarlo y hacerle ver la responsabilidad que tiene frente al caso. Algunas veces logramos su comprensión, otras no”, afirma Lumbí.
La funcionaria del CENIDH llamó al Poder Judicial para que éste de una forma ordenada lleve un control exhaustivo de las personas que nombran como abogado de oficio, aduciendo que “hay que multar, sancionar a aquellas personas que no ejerzan la defensa del procesado con seriedad y responsabilidad”.
LO INSOLITO DE LA JUSTICIA
Uno de los casos “insólitos” que considera la funcionaria y que no se puede explicar, es el de Juan José Espinosa Picado, de 22 años de edad, quien guarda prisión en las cárceles del Sistema Penitenciario de Juigalpa, desde el año 1998, por el supuesto delito de violación en contra de una pequeña de 5 años de edad.
Según Lumbí, de acuerdo al dictamen del médico forense no hubo violación, el delito que le imputan y según el expediente 419/98, Juan José Espinosa fue sentenciado a 17 años de prisión por la jueza de ese entonces, Flavia Solís, quien era la de Distrito del Crimen de esta ciudad.
Argumentó la asesora legal del CENIDH que “muchas personas como éstas al no contar con recursos económicos, quedan detenidas porque no tienen cómo defenderse”.
CONVENIOS DE DEFENSORIA
– Datos estadísticos suministrados por la Policía Nacional, entre 1995 y 2000, muestran que un total de 5,545 personas fueron detenidas. De éstas, solamente 277 cumplen su condena en el Sistema Penitenciario de Cuisalá.
– El comisionado Guillermo Vallecillo Ruiz, jefe de la Policía en Chontales, manifestó que de las 2,702 personas que entregaron al Juzgado del Crimen, a 872 les dictaron auto de segura y formal prisión. Mientras tanto salieron libres 561 personas, 690 por sobreseimiento definitivo y por provisional 707; sentencia absolutoria 77, mediación previa 601, fianza pecuniaria 371, fianza personal 139, retiro de denuncia 32, absueltos 498, jurado 187, falta de prueba 21.
– Esta cifra hace indicar que la mayor parte de los detenidos fueron puestos en libertad por los diferentes juzgados.
– El teniente primero, Dionisio Palacios, subdirector del penal de Cuisalá, dijo que solamente un dos por ciento de los reos tienen problemas con sus trámites en el proceso. Para resolver la situación jurídica, ejecutan un convenio con facultades de Derecho, la Policía y los juzgados para la defensa de los reclusos.
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