Desde el mes de abril del presente año se encuentra en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley titulada, “Ley de Participación Ciudadana”. De acuerdo al Artículo 1 de dicho proyecto, el objeto es “promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en los ámbitos político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una fluida interacción entre el Estado y la sociedad, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la democracia”.
La intención de la ley es buena, ya que pretende que los ciudadanos, sobre quienes inciden las leyes del país, sean sujetos activos en la formulación o modificación de las mismas. No sucede así en la actualidad, cuando en el proceso de formación o modificación de todas las leyes, incluyendo aquellas que tienen un gran impacto en la vida nacional no pasan por el tamiz de la opinión ciudadana. Cabe recordar aquí la reforma efectuada a la Constitución Política de la República el año pasado en la que bastó un arreglo partidario de cúpulas para alterar disposiciones altamente sensitivas como aquella que establece el porcentaje mínimo de votos válidos requerido para ser electo Presidente de la República. En ningún momento la población fue consultada para que opinara si estaba o no de acuerdo con esa reforma. Lo correcto hubiese sido que esa reforma, y todas las demás que en esa oportunidad se le hicieron a la Constitución, se hubiesen sometido a un referendo popular para su ratificación.
Si bien es cierto que una vez aprobada la “Ley de Participación Ciudadana” ésta no obligaría en ningún caso a las autoridades correspondientes a hacer plebiscitos o referendos, sí señala en su Artículo 16, que “Toda vez que una iniciativa de ley sea enviada a Comisión para su Dictamen, ésta deberá disponer de un período para realizar la Consulta Ciudadana”. De esa manera los ciudadanos tendrían oportunidad de conocer y opinar sobre el contenido de la iniciativa de ley correspondiente antes de que sea sometida al plenario de la Asamblea Nacional, y poder hacer sugerencias para mejorarla, o incluso, para sugerir su rechazo. Por su parte, el Artículo 17 establece que “Si esas consultas no fueren realizadas, su falta será considerada como causal para declarar el dictamen como insuficiente en la fase de discusión en Plenario si así lo solicitare cualquier diputado o diputada”.
De particular importancia en la iniciativa de “Ley de Participación Ciudadana” es la forma en que los ciudadanos pueden participar en la formulación de políticas públicas y en las decisiones que se toman a nivel municipal. Se contempla la creación de Asociaciones de Pobladores y de Organizaciones Sectoriales para que colaboren en la formulación y ejecución de las políticas públicas locales. Se establece también la Consulta Popular a nivel municipal con el fin de conocer la opinión del conjunto de la población del municipio sobre materias que afecten el desarrollo local. De acuerdo al Artículo 72, los pobladores podrán, siempre y cuando llenen algunos requisitos, demandar que se convoque a Cabildo Extraordinario.
La vida democrática de un país se forja a nivel municipal. El municipio está más cercano a las aspiraciones y problemas de los ciudadanos de lo que puede estar cualquier gobierno central. De ahí que sea muy importante que los pobladores de los municipios cuenten con mecanismos de participación claramente definidos y debidamente estructurados. De esa forma se permite y se fomenta la participación, se respeta a las autoridades municipales debidamente constituidas, y se evita la posible manipulación demagógica de algunos líderes políticos que pretenden la creación de asambleas populares a imagen y semejanza de las que existen en los países gobernados por dictadores.
Es importante crear una cultura de participación ciudadana responsable. El ciudadano pensante y participativo debe ser el agente de cambio y de progreso. Atrás deben quedar para siempre las llamadas movilizaciones populares con las que se cubren voluntades autoritarias y despóticas. La Ley de Participación Ciudadana debe ser bien estudiada y analizada para que, una vez aprobada, sea un instrumento que promueva la responsabilidad ciudadana y el espíritu democrático de la nación.
