La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrará mañana un “Foro Nacional sobre la Declaración de Chapultepec en Nicaragua”, en la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, y al final de la jornada se espera que los candidatos presidenciales en las elecciones del próximo 4 de noviembre (Enrique Bolaños, del PLC; Daniel Ortega, del FSLN; y Noel Vidaurre, del PC), firmen en una ceremonia especial la mencionada declaración, que está suscrita por casi todos los jefes de Estado del hemisferio occidental, inclusive el de Nicaragua.
Como se sabe, la Declaración de Chapultepec fue adoptada el 11 de marzo de 1994 por una Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión que se celebró en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, en la que participaron jefes de Estado, dirigentes políticos, escritores, académicos, juristas constitucionalistas, periodistas y directores de periódicos de casi todos los países del Sur, Norte y Centro de América.
El objetivo de la Declaración de Chapultepec es fortalecer la libertad de expresión e información, cuya vigencia irrestricta garantiza la existencia de una prensa libre e independiente, la que es absolutamente indispensable para que pueda funcionar el conjunto de derechos y libertades en que se basa la democracia como sistema de vida y forma de gobierno.
Por otra parte, la celebración de este “Foro Nacional sobre la Declaración de Chapultepec en Nicaragua” forma parte de un esfuerzo extraordinario que la SIP viene haciendo en distintos países del Norte, Centro y Sur de América, con el propósito de promover la libertad de expresión e información que casi siempre sufre amenazas y restricciones de distinta clase, tanto de parte de los gobiernos como de otros factores de poder.
Como una oportuna coincidencia, el “Foro Nacional sobre la Declaración de Chapultepec en Nicaragua” se celebra en momentos en que un periódico nicaragüense —El Nuevo Diario—, está denunciando supuestas presiones del gobierno del presidente Arnoldo Alemán por medio de una drástica reducción de la asignación publicitaria del sector público; cuando recién se ha aprobado una Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua que pretende hacer del ejercicio del periodismo un privilegio de las pocas personas que reciban una credencial del colegio y que ostenten un título universitario de periodistas, y que por lo tanto es una ley que atenta frontalmente contra el derecho a la libertad de expresión e información; y asimismo, se celebra el foro de la SIP cuando estamos a escasos cuatro meses de una crucial elección presidencial que según indican las encuestas podría ganar el FSLN, partido que cuando gobernó a Nicaragua entre los años de 1979 y 1990 fue un implacable enemigo de la libertad de expresión e información y reprimió con ferocidad a la prensa libre y a los periodistas independientes y democráticos, igual o peor que como lo hizo anteriormente la dictadura somocista.
En el séptimo de los diez principios de la Declaración de Chapultepec (cuyo texto completo lo ha publicado LA PRENSA anteriormente y lo publicaremos de nuevo mañana miércoles cuatro de julio) se dice que “la concesión o la supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. En realidad utilizar la asignación de la publicidad gubernamental para “premiar” o castigar a los medios de prensa, es una forma odiosa de coartar la libertad de expresión e información, cualquiera que sea el medio de comunicación perjudicado. La publicidad gubernamental debe ser asignada equitativamente a los diversos medios y de acuerdo con la importancia de su circulación y audiencia entre el público, al margen de su orientación política y tendencia ideológica, si es que las tiene, o de que sea un medio completamente independiente.
Seguramente que ambos temas —la discriminación en la asignación de la publicidad gubernamental y la amenaza a la libertad de expresión e información por medio de la ley de colegiación de periodistas—, serán planteados en el foro sobre la Declaración de Chapultepec. La libertad de expresión y prensa no debe ser restringida ni siquiera con procedimientos sutiles ni de manera indirecta, y mucho menos con la represión brutal contra los medios y los periodistas independientes que hubo en un pasado que aún no está lejano y cuyo retorno no se debe permitir.
