- En la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) las empresas privadas son las más denunciadas. El 57 por ciento de las quejas han sido resueltas a favor del cliente
Amalia [email protected]
Pocos, pero certeros, son los reclamos que se reciben en las instancias de defensa de los consumidores. En más de la mitad de las quejas los usuarios tienen la razón.
La estadística de la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) refleja que un 57 por ciento de las quejas por abuso en los servicios públicos y privados, que se han atendido desde 1993, se han resuelto a favor de los consumidores.
Sólo en un 9 por ciento de los casos se ha favorecido a los proveedores.
Ha-raxa Sandino, encargado de la DDC, dijo que de 415 reclamos recibidos en un lapso de nueve años, en 235 se ha fallado en favor del usuario.
La mayoría de las quejas puestas en la DDC se originan en las empresas privadas.
Sandino detalló que 307 de los reclamos fueron contra servicios privados. El resto, 107 atañe a las instituciones públicas de agua, luz y teléfono.
Sin embargo, en la instancia de la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (Lideconic), la relación es al revés. Lilliam Marenco, asesora legal de esa organización, dijo que en esa instancia las más denunciadas son las empresas que prestan servicios públicos.
De 23 denuncias que tramitó Lideconic, entre noviembre y el primero de mayo de este año, 14 afectaron a las empresas de agua, electricidad, teléfono y a la seguridad social. En contra de instituciones privadas reportaron cinco. Las otras fueron casos de particulares.
¿Cómo se procede?
Una vez que se da curso a una denuncia hay varias rutas de solución. Marenco dijo que la primera es mandar una carta al proveedor –público o privado– exponiéndole la situación. Se espera respuesta en 10 días máximo.
Explicó que por lo general las empresas privadas responden casi a lo inmediato a tales misivas de reclamo.
Por su parte, Sandino comentó que el sector privado responde con rapidez porque de alguna manera tiene miedo que el mercado los castigue.
En el caso del sector público, Marenco señaló que existe más burocracia en el procedimiento, sin embargo, los encargados de algunos servicios públicos lo niegan.
Si la carta surte efecto y el proveedor contesta se concede un plazo de 15 días para que la situación se resuelva vía conciliación de las partes. Pero si este procedimiento no funciona se traslada el caso a la DDC, donde también se puede agotar el acuerdo entre las partes. Un 33 por ciento de los reclamos se han arreglado de esa forma.
La DDC tiene aproximadamente un mes para dirimir el problema expuesto por el usuario, vía administrativa.
