Francisco Aguirre Sacasa*
El convenio de lucha contra drogas ilícitas que Nicaragua y Estados Unidos de Norteamérica firmaron el 1 de junio corriente, lo trabajamos durante tres años. La primera vez que escuché hablar de él fue a comienzos del año 1998 y la persona que me lo mencionó fue el entonces embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, don Lino Gutiérrez. Fue por eso, un especial placer —y, además, muy justo— el haber suscrito este convenio tan importante con el ahora Secretario Gutiérrez, durante su visita a Nicaragua.
Durante los tres años que la Cancillería, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía, han trabajado juntos en negociar este Acuerdo con los Estados Unidos, nuestra preocupación principal fue asegurarnos de que preservase absolutamente la soberanía de nuestra nación. Y este instrumento cumple con este requisito.
El Acuerdo contempla la autorización previa de Nicaragua para cualquier patrullaje que llevaría a cabo la guardacostas norteamericana en nuestros mares territoriales y espacios aéreos. Es más, salvo en casos excepcionales, representantes de las fuerzas del orden nicaragüenses estarán a bordo de los barcos o aeronaves norteamericanas autorizando, supervisando y dirigiendo toda operación de interdicción de estupefacientes en nuestro territorio nacional.
Otra faceta del Convenio es que cualquier arresto que pudiera hacerse en nuestro territorio lo efectuarán autoridades nicaragüenses y los narcotraficantes detenidos serán juzgados por jueces nicaragüenses y conforme a nuestras leyes. En el caso de que fuesen condenados, servirían su sentencia en nuestras cárceles.
Bajo ningún punto podría ser llevado un nicaragüense a los Estados Unidos o cualquier otro país, bajo los términos de este convenio, en el caso de que fuese detenido.
En cuanto a los activos que pudieran ser capturados bajo este acuerdo —lanchas, aviones y cargamentos de drogas— serán entregados para su disposición apropiada a las autoridades nicaragüenses. A través de provisiones como esas me siento seguro de que se ha salvaguardado a nuestra soberanía de una manera total.
Hay otros aspectos de este tratado que vale la pena destacar. Uno de ellos es su reciprocidad. Todas las facultades que nuestro Gobierno le brindará a los Estados Unidos de América en nuestro territorio, las autoridades norteamericanas nos las proporcionarán en su territorio.
Además, la entidad estadounidense que cooperará con las instancias nicaragüenses en la lucha contra las drogas ilícitas, será el servicio de guardacostas, una fuerza policial que depende del Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, que es civil y no del Pentágono. Por esta razón, el Tratado no violenta el Artículo 92 de nuestra Constitución Política que limita el acceso a nuestro territorio a fuerzas militares de potencias extranjeras.
Este convenio también prevé que cualquiera de las dos partes puede terminarlo con un preaviso a la otra parte, de seis meses. Esta cláusula nos da gran flexibilidad y es uno de los puntos atractivos del acuerdo.
Tomó tiempo negociar este acuerdo pero el consenso del equipo nicaragüense que lo negoció es que es más favorable que los otros tratados que ha firmado Estados Unidos de América con países del hemisferio.
Unas últimas reflexiones. El narcotráfico se ha convertido en quizás la más grande amenaza que enfrentan los países de nuestro hemisferio y los lores del narco cuentan con inmensos recursos. Se estima que el valor de las ventas de estupefacientes, en tan sólo los Estados Unidos en el año 2000, sobrepasaron los US$60 mil millones de dólares, una cifra superior al producto interno bruto de todos los países de Centroamérica y la República Dominicana combinados. Con esta robusta base económica, los lores del narco tienen la capacidad de adquirir los equipos más sofisticados y poderosos para transportar su nefasto producto.
Otra realidad es que cada vez más Centroamérica y sus aguas territoriales se están convirtiendo en un puente entre las zonas productoras de cocaína en Sur América y su mercado principal en el Norte. Las estadísticas de nuestra Policía Nacional confirman esto.
Y otra terca y triste realidad es que nuestro país —al igual que otras naciones que se encuentran en la ruta de los narcos— es vulnerable a la pesadilla del conjunto de malestares vinculados con el narcotráfico como lo son la adicción, la desintegración de familias, el lavado de dinero, la corrupción, y la violencia, incluyendo el homicidio.
Sabemos que Nicaragua ya está siendo azotada por el flagelo del narcotráfico. Lo escuchamos de las propias voces de los vecinos cuando el gabinete de seguridad se reunió recientemente en Siuna, y lo vimos en las calles de Granada hace un par de semanas cuando dos ciudadanos fueron ultimados por venganza relacionada al tráfico de drogas ilícitas.
Ningún país —y eso incluye a los Estados Unidos de América— tiene la capacidad de defenderse a solas contra el narcotráfico. Nuestra única salida es unir nuestros esfuerzos, a través de convenios como el que firmamos el primero de junio, para emparejar un poco esta lucha desigual.
Al firmar este tratado hemos dado un paso gigante en esa dirección y enviamos un mensaje claro al mundo de que Nicaragua tiene cero tolerancia para el tráfico ilegal de drogas y el firme propósito de proteger a su pueblo del desmoronamiento institucional, social y nacional que el narcotráfico trae consigo.
Dada la importancia de este acuerdo, confío en que las dos naciones cumplirán los trámites necesarios para su entrada en vigencia en un futuro próximo.
* El autor es Canciller de Nicaragua. Texto adaptado de su discurso al firmarse el tratado antinarcotráfico, el 1 de junio de 2001
