Jaime Pasquier [email protected]
“Il n’y a pas de richesse que d’hommes”. Aunque no en forma literal, la traducción conceptual de esta expresión francesa singulariza al factor humano como el único valor, en última instancia, de todo aquello que puede coadyuvar en la realización de la actividad humana. Y es en las actuales circunstancias de la vida política que tal consideración adquiere especial relevancia en Nicaragua.
En efecto, con frecuencia se habla de la necesidad de que los políticos individualmente, o los partidos en general, presenten un programa de gobierno como credencial de su legitimidad en lo político. (La expresión proyecto de nación no es muy afortunada porque la nación es una vivencia y teniendo, como tal, la naturaleza de un sentimiento, no puede ser el producto de una reflexión).
Pero, resulta que el filósofo de lo que se conoce como “ciencias” sociales ha hurgado tan exhaustivamente en las posibilidades teóricas, que es relativamente fácil encontrar un programa de gobierno que, mediante pocos ajustes, se adapte a los requerimientos específicos de un determinado país. Por lo que, en realidad de verdad, no es lo que se tiene que hacer sino quién es capaz de hacerlo, el verdadero meollo del asunto político en cuestión (los dictadores generalmente presentan programas de gobierno que nunca se aplican). Es el factor humano capaz de realizar los programas lo que debe preocuparnos, por lo que el problema se reduce a la escogencia del realizador. Y en esto son imprescindibles honestidad y capacidad, tanto en los electos directamente como en aquéllos que los electos eligen.
Ahora bien, si es relativamente posible dar por sentado a priori, aunque sujeta a prueba posterior, la honestidad de los electos (puede existir una reputación previa), no es tan fácil determinar las características de capacidad atinentes a una responsabilidad política. No obstante, es responsabilidad de los electores el no escoger a alguien que no posea, ostensiblemente, un mínimo de los requisitos que exigen las actividades intelectuales en la administración de la cosa pública. Y es parte de la honestidad de los electos el no aceptar un cargo para el cual no están especialmente capacitados. Consideración similar se exige, tanto en la escogencia del electo como en la aceptación de éste, en lo relativo a la experiencia que se tenga en las actividades políticas a realizar, sin que esto implique que no se pueda adquirir experiencia en lo sucesivo, en cargos de responsabilidad menor, indudablemente. Y estas consideraciones también se deben aplicar a los electos cuando se trata de la formación de su equipo de trabajo.
Lo expuesto tiene que ser condición sine qua non del ejercicio de todo cargo público, ya que por muchas cualidades morales que se posea, el no haber estado suficientemente inmerso en la actividad política y/o poseer una capacidad diferente a la que requiere el cargo de mérito, puede hacer a una persona proceder, por sugerencias externas, involuntariamente en forma errónea en sus decisiones y dar lugar a que algunos de los que forman su entorno se aprovechen de ello en beneficio propio, intencionalmente.
Pero hay algo más. No sólo debe ser obligación de los electores el elegir en base a honestidad y capacidad específica, ni sólo obligación de los electos el aceptar solamente si se tienen experiencia y capacidad específicas, sino también que estos últimos sientan la obligación de ser garantes del Estado de Derecho que se constituya bajo estos supuestos, garantía que sólo puede explicitarse oponiéndose activamente, por los medios legales, al menor intento de prevaricación que se produzca, ya que el Estado de Derecho no se satisface únicamente con la propia conducta, sino que implica exigir el comportamiento legal de los demás. Un proceder diferente podría hacer presumir una naturaleza afín a lo arbitrario o, peor aún, tarde o temprano rayar en la complicidad.
La nación se siente, no se piensa. Un comportamiento acorde con lo expuesto materializa el sentimiento de nación. Los que proceden en contrario carecen de ese sentimiento.
